Una herramienta de Directorio Legislativo para monitorear
las regulaciones que puedan afectar el espacio cívico
en América Latina y el Caribe.
Fundación Directorio Legislativo | Septiembre 2020
Sobre Civic Space Guardian (CSG)
Civic Space Guardian (CSG) es una herramienta diseñada por Directorio Legislativo para monitorear las regulaciones que puedan afectar el espacio cívico en América Latina y el Caribe, tanto en sentido positivo como negativo.
El monitoreo incluye temas vinculados a la libertad de expresión, de reunión, de asociación, de participación, al acceso a la información pública y regulaciones tributarias o burocráticas para el funcionamiento de las organizaciones de la sociedad civil.
CSG llega a sus lectores a través de un boletín mensual.
El oficialismo impulsa un proyecto para controlar a las organizaciones que reciban financiamiento extranjero
Nicaragua
Impacto| Negativo
Probabilidad | Alta
Rating CIVICUS | Reprimido
El 22 de septiembre, los 70 diputados que integran la bancada oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional presentaron un proyecto de ley que busca limitar la acción de organizaciones que cuenten con financiamiento extranjero. De sancionarse, todas las entidades, fundaciones y asociaciones que reciban fondos del exterior deberán registrarse como “agentes extranjeros”. Además, estarán obligadas a informar al Ministerio de Gobernación cuando reciban una oferta de fondos, explicar en qué actividades serán utilizados y realizar una rendición de gastos, pagos y contrataciones. Las donaciones de fuente extranjera no podrán ser empleadas en actividades que no hayan sido declaradas previamente y registradas en un portal web que será creado con ese propósito. En caso de incumplimiento, el Ministerio podrá imponer multas o cancelar la personería jurídica. Desde 2018, el gobierno nicaragüense anuló la personería jurídica de 10 organizaciones de la sociedad civil sin respetar las garantías del debido proceso. El tratamiento legislativo del proyecto podría iniciarse en los próximos días.
El gobierno busca prohibir a las organizaciones que reciban financiamiento de fuentes ajenas a su actividad
México
Impacto | Negativo
Probabilidad | Alta
Ranking Civicus | Reprimido
El 9 de septiembre, el Secretario de Hacienda y Crédito Público Arturo Herrera presentó a la Cámara de Diputados una reforma impositiva que propone limitar el financiamiento de las organizaciones, fundaciones y fideicomisos autorizados a recibir donaciones deducibles del Impuesto sobre la Renta (ISR). Cuando más del 50% de sus fondos provengan de fuentes ajenas a su objeto social, estas podrán perder el permiso para operar. Además deberán destinar todo su patrimonio a otras entidades autorizadas para recibir donaciones deducibles del ISR. De acuerdo con la ley vigente, hay 12 actividades que quedarían alcanzadas por esta restricción, entre ellas, organismos asistenciales, educativos, de investigación, culturales y ecológicos. Actualmente, la Ley de Organizaciones de la Sociedad Civil prohíbe las donaciones de fuentes que no concuerden con el objeto social registrado por la institución. El objetivo declarado por las autoridades del país es “evitar que estas entidades realicen actividades tendientes a obtener un lucro”.
Es ley: ya no se podrán cobrar los pedidos de acceso a la información pública
Colombia
Impacto| Positivo
Rating CIVICUS | Reprimido
El presidente Iván Duque promulgó el pasado 25 de agosto la llamada “ley antitrámites”. que establece lineamientos transversales para agilizar y racionalizar los procesos administrativos en todas las dependencias del Poder Ejecutivo Nacional. A partir de ahora, los trámites previos a la sanción de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información que tengan un costo y cumplan con las características de consulta de acceso a la información pública deberán ser prestados por el Estado de forma gratuita. Esta disposición no alcanza, sin embargo, a las normas de carácter especial vinculadas a las ramas mercantil, laboral, profesional y de seguridad social. La ley también exige que los trámites que se creen a partir de su promulgación puedan ser realizados por los ciudadanos totalmente en línea. Para la implementación de estas políticas en cada dependencia pública, se deberán crear oficinas de relación con el ciudadano en los departamentos, distritos y municipios que tengan una población de más de 100.000 habitantes.
Ortega quiere reconocer los “crímenes de odio” en el Código Penal
Nicaragua
Impacto | Negativo
Rating CIVICUS | Reprimido
El 14 de septiembre, el presidente Daniel Ortega instó a la Corte Suprema de Justicia a trabajar en una propuesta de reforma al Código Penal para reconocer los “crímenes de odio” y sancionarlos con pena de cadena perpetua. Las declaraciones del mandatario se produjeron luego de un resonado caso de violencia de género. Sin embargo, tanto especialistas en derecho penal como representantes de la oposición temen que, de prosperar, el gobierno pueda ampararse en la figura del crimen del odio para limitar la libertad de expresión y el derecho a la protesta. Algunos, incluso, comparan la reforma propuesta con la Ley contra el odio de Venezuela, sancionada por la Asamblea Nacional Constituyente en 2017 (ver más). El propio Ortega alimentó estas dudas al acusar a la oposición de “seguir cometiendo asesinatos, colocar bombas y asesinar familias”, actos a los que también calificó de “imperdonables”. Actualmente, el Código Penal no tipifica los crímenes de odio pero considera a la discriminación ideológica o política como circunstancia que agrava la responsabilidad penal.
Proyecto de modernización de las fuerzas de seguridad, a un paso de la sanción
Chile
Impacto | Positivo
Probabilidad | Alerta
Rating CIVICUS | Limitado
El 7 de septiembre la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados y Diputadas aprobó un proyecto de ley que busca modernizar la gestión institucional y fortalecer la probidad y la transparencia en las Fuerzas de Seguridad Pública. La iniciativa incluye la creación de un sistema de evaluación de los protocolos y procedimientos del resultado de la gestión policial, con el objetivo de controlar a las instituciones ante abusos en el ejercicio de sus funciones y prevenir faltas a la probidad funcionaria, así como infracciones e incumplimientos a los reglamentos de conducta. Además el Cuerpo de Carabineros y la Policía de Investigación de Chile deberán elaborar un sistema de control preventivo de las declaraciones de patrimonio e intereses de los oficiales, lo que tendrá como fin detectar variaciones patrimoniales sospechosas. En caso de sancionarse, la Policía de Investigaciones también deberá producir y poner a disposición de la sociedad civil estadísticas e información institucional territorialmente desagregada en una plataforma virtual. El proyecto fue despachado a la Comisión de Hacienda y se encuentra a un paso de ser sancionado por el pleno de la Cámara.
El Tribunal Constitucional dio luz verde a una ley que regula el estado de excepción constitucional
Bolivia
Impacto | Positivo
Rating CIVICUS | Obstruido
El 15 de septiembre, el Tribunal Constitucional rechazó la consulta de constitucionalidad interpuesta por la presidenta de Bolivia Jeanine Áñez, en contra de la Ley de Estados de Excepción. La norma sancionada por la Asamblea Plurinacional establece que el gobierno no podrá suspender el ejercicio de los derechos políticos, el derecho a la información y la libertad de conciencia, ni el reconocimiento de la personería jurídica en el marco de la declaración del estado de excepción constitucional. Tampoco se podrán imponer sanciones administrativas por el incumplimiento de las medidas establecidas. La declaración del estado de excepción deberá detallar los motivos que justifican su aplicación y los alcances para los derechos y garantías ciudadanas. El Tribunal también levantó la medida cautelar que había dejado en suspenso la promulgación de la ley y su publicación en la Gaceta Oficial.
Diputados rechaza proyecto que amplía el rol de las fuerzas armadas en la seguridad interna
Chile
Impacto | Negativo
Probabilidad | Media
Rating CIVICUS | Limitado
El 9 de septiembre la Cámara de Diputados rechazó, por falta de quórum, un proyecto de reforma constitucional que busca aumentar la capacidad del Presidente para sacar a las Fuerzas Armadas a la calle cuando esté en riesgo la infraestructura crítica para el funcionamiento del país: servicios de agua, gas y electricidad, comunicaciones y transporte, entre otros. Si la reforma se sanciona, podrá hacerlo sin necesidad de decretar el estado de emergencia y por un período de hasta 30 días: 15 más que los previstos actualmente por la Constitución. Inicialmente el proyecto incluía también el resguardo de edificios públicos como La Moneda, el Ministerio Público o los Tribunales Judiciales, pero estos fueron eliminados durante su tratamiento en el Senado. Debido al rechazo de Diputados, la iniciativa deberá ser tratada por una Comisión Mixta compuesta por representantes de ambas Cámaras del Congreso, quienes deberán acordar un nuevo texto o rechazarlo.
Una comisión especial legislativa investigará el acoso a periodistas y medios de comunicación por parte del gobierno
El Salvador
Impacto | Negativo
Rating CIVICUS | Obstruido
A mediados de agosto la Asamblea Legislativa conformó por acuerdo una Comisión Especial para investigar el acoso a periodistas por parte del gobierno y su presunto financiamiento con fondos públicos. Las 61 agresiones denunciadas por la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) a comunicadores sociales críticos del gobierno van desde calumnias y expresiones de descrédito en redes sociales, hasta amenazas y vigilancia. Las denuncias por actos de gobierno que atentan contra la libertad de expresión comenzaron el mismo día de la asunción de Nayib Bukele, tras la detención del fotoperiodista Jorge Reyes. Desde entonces, el presidente ha lanzado diversas ofensivas en contra de trabajadores de los medios de comunicación, utilizando adjetivos como “panfletos”, “plumas pagadas” y “medios vendidos”. En Twitter, tanto funcionarios como simpatizantes y cuentas trolls han respondido con críticas, comentarios misóginos e incluso amenazas de muerte a los comunicadores que expresan opiniones contrarias a la voz oficial. Estos hechos han sido denunciados por importantes entidades como la Sociedad Interamericana de Prensa, la Comisión de Libertad de Prensa e Información, y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión Especial, conformada por seis legisladores, ya se encuentra recabando información para elaborar un informe sobre lo que se considera un “asunto de interés nacional”.
Diputados recibe a delegaciones para analizar la nueva ley de medios impulsada por el gobierno
Uruguay
Impacto | Negativo
Probabilidad | Medio
Rating CIVICUS | Abierto
La Comisión de Industria de la Cámara de Diputados inició el estudio de un proyecto de ley de medios impulsado por el gobierno para reemplazar la norma vigente, con una ronda de consultas que hasta el momento incluyó a diez delegaciones. El texto no ha estado exento de debate desde el inicio de su tratamiento legislativo. Entre los puntos más cuestionados, se destacan tres. Primero, habilitará una mayor concentración en el sector de las telecomunicaciones al ampliar la cantidad de medios bajo el control de una misma persona o empresa. Segundo, elimina el derecho a la objeción de conciencia de los periodistas, es decir, el derecho a negarse a acompañar con su imagen, voz o nombre contenidos de su autoría que fueron modificados sin su consentimiento. Este punto reconocido en la ley vigente supone un “un retroceso en derechos”, según expresaron representantes de la sociedad civil local. Tercero, el proyecto elimina avances logrados en materia de accesibilidad visual y auditiva de las personas con discapacidad, acotando así la libertad de expresión e información en igualdad de oportunidades (por ejemplo, la programación subtitulada, la lengua de señas y la audio-descripción). La Comisión de Industria tiene previsto realizar nuevas rondas de audiencias con actores interesados. Sin embargo, la expectativa es que el proyecto, que aún se encuentra en una fase inicial de discusión, no sea retomado hasta octubre, cuando concluya el debate del Presupuesto Nacional.
Para un análisis del proyecto de ley de la Coalición de la Sociedad Civil por una Política Democrática de Comunicación, hacer click acá.
La muerte de un manifestante activa el debate sobre la modernización de las fuerzas de seguridad
Colombia
Impacto | Negativo
Rating CIVICUS | Reprimido
El 11 de septiembre el Ministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo anunció que impulsará un proceso de modernización y transformación de la Policía Nacional. La declaración se produjo tras la muerte de un ciudadano a manos de la policía en la capital colombiana, seguida por una semana de protestas sociales en las que 10 personas perdieron la vida y más de 370 resultaron heridas. Los hechos fueron condenados a nivel internacional por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y Human Rights Watch.
El presidente Iván Duque señaló que este proceso comprenderá una revisión de los protocolos que rigen las actuaciones de la policía en lo concerniente a tareas de vigilancia, el uso de la fuerza y el empleo de armas de fuego, a la luz de las normas internacionales de protección de los derechos humanos. También podría incluir la presentación de un proyecto de “Ley Antivandalismo”. Para la implementación del programa de educación en derechos humanos, el gobierno contaría con el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo y podría recibir aportes de las Naciones Unidas.
La Alcaldesa de Bogotá Claudia López, quien anteriormente había expresado sus críticas al uso del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) en el contexto de movilizaciones ciudadanas, pidió que se encare una reforma de las fuerzas de seguridad. En el ámbito legislativo, el presidente del Senado, Arturo Char, convocó a una Comisión Accidental para exigir al Ministro de Defensa la presentación de un informe sobre la situación del orden público nacional. No se descarta que en este marco de discusión pueda reactivarse el tratamiento de los proyectos de ley vigentes para la modernización de las fuerzas de seguridad.
Voces de la Sociedad Civil
Colombia
Comunicado “Alarmante concentración del poder en el ejecutivo en Colombia”: Durante la pandemia se ha identificado una tendencia al aumento de la discrecionalidad del poder ejecutivo en muchos países (…). La discrecionalidad de los poderes ejecutivos en medio de la pandemia y para los procesos de reactivación económica, no son cheques en blanco para el uso de recursos públicos ni para decisiones fundamentales sobre el funcionamiento de la democracia”
Transparency International y Transparencia por Colombia
Declaraciones Públicas
Alejandro Giammattei
Presidente de Guatemala (en la sesión del Congreso por el 199° aniversario de la independencia del país): “Resultaría inutil hablar de libertad de pensamiento si no es posible expresarnos, pero expresarse significa una responsabilidad muy grande que debe tomarse con seriedad. La formación de ideas, ideologías y diferentes formas de entender nuestra realidad representa parte fundamental de la libertad de expresión. La libertad de expresión tiene un límite, el límite es la verdad”.
15 de septiembre, 2020.
Jair Bolsonaro
(a un periodista)“Mi deseo es llenarte la boca de trompadas”.
23 de agosto, 2020.
Información de Interés
Nicaragua
Venezuela
El 16 de septiembre la Misión Independiente de Venezuela, una agencia del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, presentó un informe donde acusa al gobierno de Nicolás Maduro de cometer crímenes de lesa humanidad. De acuerdo a la entidad, desde 2014 el Ejecutivo “ha planificado graves violaciones a los derechos humanos [ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias], algunas de las cuales constituyen crímenes de lesa humanidad”. El 23 de septiembre se publicará el reporte completo. En la misma línea, un informe de la organización social Foro Penal publicado a mediados de agosto da cuenta que entre enero y julio 281 ciudadanos fueron víctimas de detenciones arbitrarias por protestar contra la falta de provisión de servicios básicos y de combustible, y publicar mensajes que cuestionan la política nacional contra la pandemia de COVID-19. Para llevar adelante los arrestos, las autoridades se ampararon en el decreto de declaración de alarma nacional y en la polémica Ley contra el Odio, para la Convivencia Pacífica y la Tolerancia aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente en 2017.
Documentos de Directorio Legislativo
Imagen del poder. Poder de la imagen.
“Los obstáculos del Poder Legislativo en América Latina”, por María Barón.
Fortalecemos las democracias en América Latina
Somos una organización apartidaria e independiente que desde hace 10 años promueve la constitución de espacios autónomos, flexibles, democráticos e independientes, a través del diálogo con diversos actores del sector público, privado, académico y de la sociedad civil.
El punto de partida de nuestro trabajo surge del reconocimiento y valoración de la pluralidad política y social de América Latina.
Fundación Directorio Legislativo
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