Sobre Civic Space Guardian (CSG)

Civic Space Guardian (CSG) es una herramienta diseñada por Directorio Legislativo para monitorear las regulaciones que puedan afectar el espacio cívico en América Latina y el Caribe, tanto en sentido positivo como negativo.

El monitoreo incluye temas vinculados a la libertad de expresión, de reunión, de asociación, de participación, al acceso a la información pública y regulaciones tributarias o burocráticas para el funcionamiento de las organizaciones de la sociedad civil.

CSG llega a sus lectores a través de un boletín mensual.

El gobierno reglamentó el uso progresivo de la fuerza en reuniones y manifestaciones

Ecuador

Imacto | Negativo

Rating CIVICUS | Obstruido

El 29 de mayo el Ministerio de Defensa publicó un reglamento que permite el uso progresivo de la fuerza por parte de los efectivos de las Fuerzas Armadas ante reuniones, manifestaciones y disturbios que deriven en “situaciones de grave conmoción interna”. El protocolo contempla distintos niveles de acción ante situaciones de “riesgo latente”, “resistencia psicológica o pasiva” y “resistencia defensiva y agresiva”. La Defensoría del Pueblo y distintas organizaciones sociales advirtieron que el reglamento no está orientado a la protección de los derechos humanos de los y las manifestantes, sino a respaldar el accionar de las Fuerzas Armadas. En esta línea, el órgano de control informó que, si el Ministerio de Defensa no deroga el reglamento, presentará una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional.

 

El Congreso analiza una denuncia por espionaje ilegal a periodistas, organizaciones y políticos

Argentina

Impacto | Negativo

Rating CIVICUS | Limitado

El 28 de mayo la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia se reunió para analizar la denuncia de la titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, por espionaje ilegal a unas 500 personas vinculadas al mundo político, al periodismo, organizaciones de la sociedad civil y a policías durante el gobierno del ex presidente Mauricio Macri. Según se detalla en la denuncia las tareas de vigilancia – descubiertas en un disco rígido parcialmente borrado – no habían sido ordenadas ni autorizadas por un juez, sino por las autoridades del propio organismo de inteligencia que hoy se encuentra intervenido. El 7 de junio se iniciaron las declaraciones testimoniales en el marco de la causa judicial y está previsto que continúen durante todo el mes. Por otra parte, el Senado rechazó un decreto del año 2015 que trasladaba el manejo de las escuchas telefónicas realizadas con orden judicial a la órbita de la Corte Suprema de Justicia. Los senadores consideraron que la administración de las escuchas por parte de la CSJN era incompatible con su rol de control sobre la AFI.

 

 

Científicos y personal médico bajo amenaza por cuestionar los datos oficiales sobre el COVID-19

Venezuela

Impacto | Negativo

Rating CIVICUS | Reprimido

A mediados de mayo el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Diosdado Cabello, amenazó públicamente a científicos de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales de Venezuela, a quienes acusó de sembrar alarma en la población. Los comentarios se producen tras la publicación de un informe en el que se estima, por medio del uso de modelos matemáticos, que podría haber un subregistro en las cifras oficiales de contagiados de entre 63% y 95%. Sobre estas conclusiones, Cabello observó que eran “una invitación a que las agencias de seguridad del Estado llamen a [los científicos]”. La libertad de investigar y divulgar información enfrenta así un nuevo obstáculo. Anteriormente, las instituciones científicas fueron obligadas por una resolución conjunta de los Ministerios de Salud y de Ciencia a registrar cualquier investigación sobre el COVID-19 ante ambas carteras. La criminalización del personal médico, las organizaciones y los periodistas por difundir información técnica sobre la evolución del COVID-19 que interpela los datos oficiales ha sido condenada por numerosas organizaciones académicas y de la sociedad civil, y por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

 

 

Preocupado por el avance del COVID-19, el gobierno intenta ocultar los números de muertes y contagios

Brasil

Impacto | Negativo

Rating CIVICUS | Obstruido

Desde mediados de mayo, El Salvador vive un estado de incertidumbre jurídica que pone en riesgo la protección de los derechos de la ciudadanía y el control del uso de fondos públicos para combatir la pandemia de COVID-19. La situación deriva de la decisión presidencial de extender la cuarentena sin contar con la aprobación de la Asamblea Nacional. El 8 de junio la Corte Suprema declaró la inconstitucionalidad por conexión de otros 10 decretos ejecutivos que impusieron restricciones a los derechos de circulación y reunión en los 80 días pasados. El fallo alcanza también a la ley de Restricción Temporal de Derechos Constitucionales sancionada en marzo por considerar que en ese momento no se justificó adecuadamente por qué la suspensión de derechos era una “medida idónea” para proteger a la población frente al COVID-19. La Corte exhortó a los poderes ejecutivo y legislativo a acordar una nueva ley en los próximos días y advirtió que las medidas que se dicten fuera de ese marco no tendrán efectos jurídicos. De no ocurrir, la cuarentena se levantará a los 4 días de la notificación del fallo.

El presidente criminaliza las voces críticas y defiende su política frente al COVID

Nicaragua

Impacto | Negativo

Rating CIVICUS | Reprimido

En un intento por revertir los fuertes cuestionamientos planteados tanto en el plano local como en el internacional con relación a la respuesta del gobierno frente al COVID-19, el presidente de la República, Daniel Ortega, publicó un documento oficial o libro blanco en el que describe a las voces críticas como “terrorismo desinformativo” y “campañas de noticias falsas”. También hace referencia al rol de los medios de comunicación internacionales como “brutal, criminal y xenofóbico”. El libro blanco divulgado el 25 de mayo detalla y justifica las medidas tomadas, que en su mayoría no fueron publicadas en el diario oficial. La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, expresó preocupación por el uso creciente en las últimas semanas de frases que estigmatizan y desacreditan a la oposición y a quienes critican públicamente la respuesta gubernamental en la actual situación de crisis sanitaria

 

La Corte Suprema declaró inconstitucional la cuarentena

El Salvador

Impacto | Negativo

Rating CIVICUS | Obstruido

Desde mediados de mayo, El Salvador vive un estado de incertidumbre jurídica que pone en riesgo la protección de los derechos de la ciudadanía y el control del uso de fondos públicos para combatir la pandemia de COVID-19. La situación deriva de la decisión presidencial de extender la cuarentena sin contar con la aprobación de la Asamblea Nacional. El 8 de junio la Corte Suprema declaró la inconstitucionalidad por conexión de otros 10 decretos ejecutivos que impusieron restricciones a los derechos de circulación y reunión en los 80 días pasados. El fallo alcanza también a la ley de Restricción Temporal de Derechos Constitucionales sancionada en marzo por considerar que en ese momento no se justificó adecuadamente por qué la suspensión de derechos era una “medida idónea” para proteger a la población frente al COVID-19. La Corte exhortó a los poderes ejecutivo y legislativo a acordar una nueva ley en los próximos días y advirtió que las medidas que se dicten fuera de ese marco no tendrán efectos jurídicos. De no ocurrir, la cuarentena se levantará a los 4 días de la notificación del fallo.

 

Organizaciones sociales piden que se ponga un freno al proyecto de reforma del sistema nacional de inteligencia

Chile

Impacto | Negativo

Probabilidad | Alta

Rating CIVICUS | Limitado

El 8 de junio un grupo de diputados, senadores, presidentes de partidos, gremios y organizaciones de la sociedad civil envió una carta a la Cámara de Diputados solicitando que se revoque el pedido de tratamiento urgente solicitado por el gobierno para el proyecto de reforma del sistema nacional de inteligencia y el de protección de la infraestructura considerada crítica para el funcionamiento del país. En la nota, plantean que las iniciativas vulneran los derechos humanos, instalando una agenda de “militarización” de la seguridad pública. El presidente de la Comisión de Defensa Nacional, Jorge Brito, se hizo eco de las preocupaciones al afirmar que se está proponiendo un sistema de inteligencia sin un adecuado mecanismo de control por parte de los poderes del Estado. Las iniciativas permitirían además desplegar a las Fuerzas Armadas en el territorio nacional sin necesidad de declarar el estado de excepción. Dado que el gobierno solicitó el tratamiento con suma urgencia, la Cámara de Diputados debería aprobarlo en el plazo de 15 días.

 

Un nuevo protocolo de ciberpatrullaje permitiría la vigilancia masiva de redes sociales

Argentina

Impacto | Negativo

Rating CIVICUS | Limitado

Distintas organizaciones sociales expresaron su preocupación por los alcances de un protocolo aprobado por el Ministerio de Seguridad el 31 de mayo que habilita a las fuerzas de seguridad a hacer ciberpatrullaje en fuentes abiertas y redes sociales. El objetivo es detectar delitos vinculados con el COVID-19 como la comercialización y distribución de medicamentos falsos. La observación y análisis de información de la ciudadanía en el entorno digital es, de acuerdo a la opinión de expertos, una actividad de inteligencia criminal más que de prevención de delitos. Por lo tanto solo puede realizarse bajo ciertos límites y con las debidas autorizaciones. El uso de una herramienta de inteligencia masiva para recolectar indicios de actividades delictivas es una práctica ilegal que puede afectar el debate público, la circulación de ideas y el derecho a la privacidad. También remarcaron que faltan precisiones sobre la forma en que será aplicado y los medios técnicos que se utilizarán.

 
voces

Voces de la Sociedad Civil

CHILE

Desde que el país permanece en emergencia sanitaria, el Gobierno ha insistido 5 veces en aprobar con urgencia un proyecto de ley que busca fortalecer y modernizar el Sistema de Inteligencia estatal. La iniciativa no sólo amplía las facultades, funciones y herramientas del personal vinculado al sistema, sino que también debilita los mecanismos de control de otros poderes del Estado, particularmente la labor fiscalizadora del Cámara de Diputados. El gobierno ha buscado así evitar un debate, amplio, abierto y de cara a la ciudadanía.

 

CHILE TRANSPARENTE

BRASIL

Por la omisión de datos y el atraso en la publicación de informaciones fundamentales para el planeamiento de acciones de combate al COVID-19, Bolsonaro pone en riesgo la vida de millares de brasileños. De esta manera, niega el principio básico de transparencia, pone en cuestión la calidad y confiabilidad de los datos divulgados por el gobierno federal, renuncia al papel que pudiera ejercer en la coordinación de los esfuerzos de combate a la pandemia y pone en jaque la credibilidad de Brasil ante la comunidad internacional.

 

BRASIL TRANSPARENCIA INTERNACIONAL

Documentos de Directorio Legislativo

Los Consejeros de los Presidentes. ¿Quiénes participan en la definición de las acciones frente a la pandemia?

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