Distintas organizaciones sociales expresaron su preocupación por los alcances de un protocolo aprobado por el Ministerio de Seguridad el 31 de mayo que habilita a las fuerzas de seguridad a hacer ciberpatrullaje en fuentes abiertas y redes sociales. El objetivo es detectar delitos vinculados con el COVID-19 como la comercialización y distribución de medicamentos falsos. La observación y análisis de información de la ciudadanía en el entorno digital es, de acuerdo a la opinión de expertos, una actividad de inteligencia criminal más que de prevención de delitos. Por lo tanto solo puede realizarse bajo ciertos límites y con las debidas autorizaciones. El uso de una herramienta de inteligencia masiva para recolectar indicios de actividades delictivas es una práctica ilegal que puede afectar el debate público, la circulación de ideas y el derecho a la privacidad. También remarcaron que faltan precisiones sobre la forma en que será aplicado y los medios técnicos que se utilizarán.