Una herramienta de Directorio Legislativo para monitorear
las regulaciones que puedan afectar el espacio cívico
en América Latina y el Caribe.
Fundación Directorio Legislativo | Mayo 2020
Sobre Civic Space Guardian (CSG)
Civic Space Guardian (CSG) es una herramienta diseñada por Directorio Legislativo para monitorear las regulaciones que puedan afectar el espacio cívico en América Latina y el Caribe, tanto en sentido positivo como negativo.
El monitoreo incluye temas vinculados a la libertad de expresión, de reunión, de asociación, de participación, al acceso a la información pública y regulaciones tributarias o burocráticas para el funcionamiento de las organizaciones de la sociedad civil.
CSG llega a sus lectores a través de un boletín mensual.
Editorial
En el marco de la lucha por la contención de la pandemia y la protección de la ciudadanía, han surgido numerosas denuncias que alertan sobre posibles excesos por parte de los gobiernos en la aplicación de las medidas de excepción: detenciones arbitrarias, malos tratos por parte de las fuerzas de seguridad, sanciones desproporcionadas y limitaciones a la libertad de expresión.
En este contexto, nos hacemos eco de las advertencias realizadas por las Naciones Unidas y otros organismos comprometidos con la protección de los derechos humanos. Los gobiernos deben adherirse a los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad, precaución y transparencia. El resguardo de la salud pública es una obligación ineludible de los estados, pero no debe en ningún caso producirse a expensas del orden constitucional.
El gobierno busca imponer sanciones más severas a los que no cumplan con el aislamiento
Chile
Impacto | Negativo
Probabilidad | Alta
Rating CIVICUS| Limitado
Si bien la crisis sanitaria puso en suspenso las manifestaciones multitudinarias en Chile, las protestas no se interrumpieron completamente. Al día de hoy, existen grupos que continúan expresándose contra la desigualdad social en la vía pública. El conflicto escaló el 1° de mayo, cuando el cuerpo de Carabineros informó que entre los manifestantes había uno con COVID-19. En ese marco, el 5 de mayo, la Cámara de Diputados de Chile aprobó un proyecto de ley impulsado por el gobierno que castiga con prisión, multa o trabajo comunitario a las personas u organizaciones que “pongan en peligro la salud pública”. ¿Quiénes amenazan la salud pública?: los que no cumplan con las reglas higiénicas o de salud, y organicen actividades públicas o espectáculos. También podrán ser multadas las organizaciones o servicios que sigan funcionando en una zona declarada en cuarentena. El proyecto pasó al Senado, donde los legisladores deberán debatirlo en un plazo máximo de 15 días. [Link] [Link]
Bukele, cuestionado por extender el estado de emergencia sin contar con aval legislativo
El Salvador
Impacto| Negativo
Rating CIVICUS| Obstruido
El 16 de mayo el presidente Nayib Bukele decretó la extensión por 30 días del estado de emergencia a nivel nacional. La declaración de emergencia habilita al gobierno a tomar decisiones como la restricción del derecho de circulación y de reunión, y a realizar compras directas. La medida fue cuestionada desde distintos sectores políticos y de la sociedad civil, que afirman que el presidente se extralimitó al tomar una decisión que es competencia exclusiva de la Asamblea Legislativa. Tras una demanda de inconstitucionalidad de la Fiscalía General, la Corte Suprema decidió suspender temporalmente la medida. El debate se suscita en el marco de denuncias sobre excesos en el uso de la fuerza pública para asegurar el cumplimiento de la cuarentena y controlar el orden en distintos centros penitenciarios. La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, advirtió que combatir el coronavirus en El Salvador no debería ser al costo de sacrificar el orden constitucional. [Link]
Reforma del Código Penal: nueva amenaza a la libertad de expresión
Honduras
Impacto | Negativo
Probabilidad| Media
Rating CIVICUS| Reprimido
El 9 de mayo, el Congreso de Honduras fijó para junio la entrada en vigencia de una polémica reforma del Código Penal aprobada en 2019. La reforma incorpora los delitos de calumnia e injuria, y agrava las penas cuando estas acciones “se efectúen a través de impresos, televisión, radio, internet, redes de información, ante una multitud de personas o a través de otros medios de eficacia semejante”. Los periodistas o todos aquellos que expresen ideas y opiniones críticas podrían quedar expuestos a penas de prisión por plazos que van de los 200 a los 500 días o al pago de sanciones económicas. Diversas organizaciones de la sociedad civil y círculos de periodistas han criticado el nuevo Código y advirtieron que representa una amenaza contra la libertad de expresión y opinión. La entrada en vigencia estaba prevista inicialmente para mayo, pero los diputados la postergaron para “recibir aportes de la sociedad civil” y “capacitar al Poder Judicial”. Las instituciones interesadas podrán presentar sus observaciones al Código en el Congreso hasta el 25 de junio. [Link]
El gobierno dio marcha atrás con un decreto para aumentar la presión judicial contra periodistas
Bolivia
Impacto | Negativo
Rating CIVICUS | Obstruido
Tras haber anunciado el control de redes sociales y de personas que causen desinformación o incertidumbre a la población durante el mes de marzo, el 8 de mayo, el gobierno avanzó con un nuevo decreto que abría la puerta a la persecución judicial de los comunicadores sociales. La norma habilitaba el inicio de procesos penales contra aquellos que pusieran en riesgo la salud pública o desinforman a través de la difusión de información escrita o mediante la expresión artística. La Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia (ANP), la Defensoría del Pueblo y políticos del arco opositor expresaron su preocupación, advirtiendo que la norma es inconstitucional y que amenaza el derecho a la información y la libertad de expresión. Finalmente, el 14 de mayo el gobierno comunicó la derogación del decreto y de otras dos disposiciones que habían sido denunciadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). [Link]
El Congreso dio marcha atrás en la decisión de prohibir el ingreso de periodistas a las sesiones
Guatemala
Impacto| Negativo
Rating CIVICUS | Obstruido
El 5 de mayo, el Congreso volvió a autorizar el ingreso de los periodistas a las sesiones plenarias. El acceso había sido prohibido a principios de abril con motivo de la pandemia del COVID-19, lo que motivó una acción del Procurador de los Derechos Humanos (PDH), Jordán Rodas, contra el Poder Legislativo. En un comunicado, la Corte de Constitucionalidad (CC) dio lugar a la solicitud argumentando que había una “amenaza cierta e inminente” a la libertad de expresión y ordenó al Congreso que permitiera el ingreso de periodistas y sus equipos técnicos para la cobertura de las sesiones. La Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) sostuvo que el parlamento, como alto organismo del Estado, debe ser ejemplo en el respeto a los derechos y alertó sobre el riesgo de que estas prácticas puedan ser detonantes para que alcaldes o gobernadores también las implementen. Anteriormente, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) había exhortado al presidente Alejandro Giammattei a respetar y no restringir el trabajo de la prensa durante la pandemia. [Link] [Link] [Link]
El Congreso de México busca soluciones para resguardar la integridad de periodistas y defensores de derechos humanos
México
Impacto | Positivo
Probabilidad | Media
Rating CIVICUS | Reprimido
A finales de abril, la Comisión de Gobernación y Población de la Cámara de Diputados informó que en breve estará lista la propuesta de reforma de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. La diputada del oficialismo y presidenta de la comisión, Rocío Barrera Badillo, aspira a presentarla en el transcurso de las próximas semanas para poder avanzar en la discusión legislativa, una vez que se retomen las sesiones presenciales en el Congreso. México es actualmente uno de los países más peligrosos para los periodistas, con centenares de denuncias por asesinato o desaparición en los últimos años. El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha sido denunciado por Amnistía Internacional al considerar que sus “declaraciones contribuyen a crear un ambiente hostil en contra de las personas que ejercen el periodismo y de los medios de comunicación”. Para Reporteros Sin Fronteras (RSF), “la amenaza más grave para la prensa en México es la colusión entre autoridades y crimen organizado”. [Link] [Link] [Link]
La ley ómnibus de Lacalle aumenta la protección a los policías y amenaza el ejercicio de la protesta social
Uruguay
Impacto| Negativo
Probabilidad| Alta
Rating CIVICUS | Abierto
Al margen de los casos que se analizan en este número, desde que la OMS declaró la pandemia el 11 de marzo la mayor parte de los países de la región han tomado medidas que limitan el ejercicio de la libertad individual de circulación, reunión y manifestación. Los gobiernos de Argentina, Colombia y Paraguay decretaron el aislamiento preventivo obligatorio, mientras que en Guatemala, Panamá y Puerto Rico rige el toque de queda. En el marco de la declaración del estado de excepción por catástrofe, el gobierno chileno está dictando medidas de aislamiento y cuarentena por localidades. También en Venezuela las medidas se han aplicado por regiones. El control del cumplimiento de estas disposiciones han dejado como saldo unos 21.000 detenidos en Argentina, 4.000 en Panamá, 3.500 en Guatemala y 500 en Paraguay y Puerto Rico.
El gobierno intentó avanzar con una medida que amenaza el derecho a la privacidad
Brasil
Impacto| Negativo
Rating Civicus | Obstruido
Al margen de los casos que se analizan en este número, desde que la OMS declaró la pandemia el 11 de marzo la mayor parte de los países de la región han tomado medidas que limitan el ejercicio de la libertad individual de circulación, reunión y manifestación. Los gobiernos de Argentina, Colombia y Paraguay decretaron el aislamiento preventivo obligatorio, mientras que en Guatemala, Panamá y Puerto Rico rige el toque de queda. En el marco de la declaración del estado de excepción por catástrofe, el gobierno chileno está dictando medidas de aislamiento y cuarentena por localidades. También en Venezuela las medidas se han aplicado por regiones. El control del cumplimiento de estas disposiciones han dejado como saldo unos 21.000 detenidos en Argentina, 4.000 en Panamá, 3.500 en Guatemala y 500 en Paraguay y Puerto Rico.
El Congreso analiza un proyecto para incrementar el monitoreo público de las fuerzas de seguridad
Chile
Impacto | Positivo
Probabilidad | Alta
Rating CIVICUS | Limitado
Avanza en la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados un proyecto de ley para modernizar la gestión institucional y fortalecer la transparencia de las fuerzas de seguridad. Esta iniciativa se enmarca en el plan de reforma integral del cuerpo de Carabineros que el gobierno impulsa desde fines del año pasado, tras las multitudinarias marchas que sacudieron al país. Entre los puntos principales del proyecto está la creación de un sistema de evaluación y control externo e interno de protocolos y procedimientos. Su implementación permitirá incrementar el monitoreo público ante excesos en el ejercicio de sus funciones, prevenir y controlar faltas a la probidad e infracciones a los reglamentos de conducta. [Link] [Link]
Voces de la Sociedad Civil
EL SALVADOR
(Sobre la renuncia de los representantes de la sociedad civil en el Comité del Fondo de Emergencia): “Se han destinado elevadas sumas de recursos al Gobierno para que atienda la crisis sanitaria. Sin embargo, la emergencia se ha manejado con opacidad y la rendición de cuentas ha sido deficiente, lo cual genera preocupación, pues al mismo tiempo los controles institucionales se han debilitado. No se advierte un compromiso real con la transparencia. La renuncia de la sociedad civil del Comité del Fondo de Emergencia responde justamente a la falta de transparencia con la que se está manejando la crisis sanitaria en El Salvador”. (18/05/2020)
BOLIVIA
“Entre el 21 de marzo y el 7 de mayo el gobierno central de Bolivia emitió tres Decretos Supremos que disponen el uso del sistema penal como respuesta a acciones que promuevan la desinformación y/o generen incertidumbre (…). Al no existir un tipo penal que sancione conductas como la “desinformación” se trata presumiblemente de atribuir la conducta a otro artículo del código penal que dispone que la persona incurre en delitos contra la salud pública (…). En un lapso de dos meses, se emitieron al menos 193 sentencias penales por delitos contra la salud pública a través de procedimientos abreviados. El propio gobierno informó que al menos 67 “actores políticos” que divulgaban información falsa sobre la pandemia fueron procesados, y de ellos, 37 fueron sentenciados por delitos contra la salud pública”. (16/05/2020)
Susana Saavedra, Directora Ejecutiva
Fundación Construir Bolivia [+]
Información de interés
Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria
El 8 de mayo, adoptó la Deliberación N° 11 que establece un conjunto de directrices para evitar la privación arbitraria de la libertad durante las emergencias de salud pública. Al respecto, subraya que “incluso la privación legal de libertad puede seguir siendo arbitraria si dicha detención no es estrictamente necesaria o no es una medida proporcionada para la consecución de un objetivo legítimo”.
Oficina de la ACNUDH
Con el fin de orientar a los gobiernos en su respuesta a la COVID-19 en el marco de la protección del estado de derecho, el 25 de abril, la Oficina de la Alta Comisionada publicó un nuevo manual de orientaciones políticas sobre la adopción de medidas urgentes y excepcionales.
Documentos de Directorio Legislativo
Medidas económicas y sociales en Latam, los primeros 50 días de la pandemia
Informe sobre imagen e influencia presidencial en Amèrica Latina
Fortalecemos las democracias en América Latina
Somos una organización apartidaria e independiente que desde hace 10 años promueve la constitución de espacios autónomos, flexibles, democráticos e independientes, a través del diálogo con diversos actores del sector público, privado, académico y de la sociedad civil.
El punto de partida de nuestro trabajo surge del reconocimiento y valoración de la pluralidad política y social de América Latina.
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