Una herramienta de Directorio Legislativo para monitorear
las regulaciones que puedan afectar el espacio cívico
en América Latina y el Caribe.
Fundación Directorio Legislativo | Octubre 2020
Sobre Civic Space Guardian (CSG)
Civic Space Guardian (CSG) es una herramienta diseñada por Directorio Legislativo para monitorear las regulaciones que puedan afectar el espacio cívico en América Latina y el Caribe, tanto en sentido positivo como negativo.
El monitoreo incluye temas vinculados a la libertad de expresión, de reunión, de asociación, de participación, al acceso a la información pública y regulaciones tributarias o burocráticas para el funcionamiento de las organizaciones de la sociedad civil.
CSG llega a sus lectores a través de un boletín mensual.
Bancada oficialista presenta un proyecto para penar con cadena perpetua los crímenes de odio
Nicaragua
Impacto | Negativo
Probabilidad | Alta
Rating Civicus | Reprimido
El 22 de octubre, los legisladores que integran el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) presentaron un proyecto de reforma constitucional para penar con cadena perpetua a quienes comentan “crímenes de odio”. El tema venía siendo impulsado por el presidente Daniel Ortega desde mediados de septiembre, tras un resonado caso de violencia de género. Inclusive había instado a la Corte Suprema de Justicia a redactar el proyecto.
En la actualidad, la pena máxima establecida por la Constitución Nacional es de 30 años. Por tratarse de una reforma constitucional, el proyecto deberá cumplir dos instancias: primero la aprobación del cambio en el texto constitucional y luego la modificación del Código Penal.
Tanto especialistas en derecho penal como representantes de la oposición temen que, de prosperar, el gobierno pueda ampararse en la figura del crimen del odio para limitar la libertad de expresión y el derecho a la protesta. El Código Penal vigente no tipifica los crímenes de odio pero considera a la discriminación ideológica o política como circunstancia que agrava la responsabilidad penal. Es probable que el estudio del proyecto se inicie en la última semana de octubre.
Cortizo, primer mandatario americano en firmar la Declaración de Salta de Libertad de Expresión en la Era Digital
Panamá
Impacto | Positivo
Rating Civicus | Limitado
El 21 de octubre, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) celebró su 76° Asamblea General, con la participación del presidente panameño Laurentino Cortizo como orador principal. Esta fue también la ocasión elegida por el mandatario, para suscribir dos documentos internacionales centrales en la promoción de la libertad de expresión: la Declaración de Salta de 2018 y la Declaración de Chapultepec de 1994.
La Declaración de Salta compromete a los estados que adhieran a dictar legislaciones y políticas públicas que garanticen la apertura, neutralidad y accesibilidad del espacio digital para todos/as y su apego por los derechos humanos. A dos años de su aprobación, Cortizo es el primer presidente americano en firmar el documento.
En el encuentro, Cortizo fue destacado por sus labores en pos de la libertad de expresión y la libertad de prensa, en particular por la ley para la transparencia de la gestión pública, el establecimiento de la acción de “habeas data” en 2002 y la derogación de las llamadas “leyes mordaza” instituidas en la década de los 70.
Sin embargo, tampoco faltaron las advertencias. En la presentación del informe sobre la situación de la libertad de prensa en Panamá, la SIP indicó que las demandas judiciales han sido muchas veces utilizadas como herramientas de intimidación de la prensa y para promover la autocensura. También señaló la vigencia del artículo 195 del Código Penal que penaliza la injuria y la calumnia a través de los medios de comunicación, y prendió una luz de alerta sobre las acciones del Tribunal Electoral para tipificar como una falta sancionable la difusión de noticias falsas o la desinformación durante un proceso electoral.
La oposición presentó un proyecto de ley para reformar la Policía Nacional
Colombia
Impacto | Positivo
Probabilidad | Baja
Rating Civicus | Reprimido
Congresistas de la oposición presentaron el 9 de octubre, ante el Senado de la República, un proyecto de ley para reformar la Policía Nacional. La iniciativa surge luego de las denuncias y manifestaciones ocurridas en septiembre a raíz de una serie de casos de abuso policial y uso excesivo de fuerza. El proyecto busca “fortalecer el carácter civil de la Policía Nacional, prohibir y regular tácticas y procedimientos policiales agresivos, fortalecer el control externo, dar impulso al Sistema Nacional de Participación Ciudadana, entre otras disposiciones”.
Pese a que la Constitución Nacional establece que la Policía es un cuerpo armado de naturaleza civil, los autores del proyecto de ley aseguran que situaciones como el uso del espacio público por parte de los jóvenes o actos de protesta han sido tratadas con una perspectiva militar cercana a la doctrina del enemigo interno.
El proyecto recoge las recomendaciones de las Naciones Unidas al proponer que se fortalezca el carácter civil de la fuerza, se prohíban prácticas y procedimientos arbitrarios e irregulares, se reformule la política de reclutamiento y formación y se creen mecanismos externos de control y de auditoría, incluyendo la creación de un Sistema Nacional de Participación Ciudadana. Actualmente, la Policía Nacional actúa en la órbita del Ministerio de Defensa, lo que supone, entre otras cosas, que los delitos presuntamente cometidos por los agentes son investigados por la justicia militar. Al respecto, el proyecto propone que el cuerpo pase a integrar el Ministerio del Interior.
El fiscal general propone cambios para las fuerzas de seguridad
Venezuela
Impacto | Negativo
Rating Civicus | Reprimido
Tras la publicación del informe de la Misión Independiente sobre Venezuela de las Naciones Unidas que acusa al gobierno de Nicolás Maduro de cometer crímenes de lesa humanidad, el fiscal general Tarek William Saab dijo que “es momento de una reestructuración de las Fuerzas de Acción Especial (FAES) y de todos los cuerpos policiales”.
Las Fuerzas de Acción Especial fueron creadas en el 2016 como un “cuerpo de élite”, pero no hay documentos oficiales que lo certifiquen, ni se pudieron encontrar manuales de procedimiento. Es “la institución policial más letal de Venezuela”, según la misión de las Naciones Unidas. El equipo encabezado por Michelle Bachelet determinó que las FAES son responsables del 64,5% de las muertes de 2019.
Aunque la declaración del fiscal general Tarek William Saab parecería sugerir una admisión de culpa, está lejos de reconocer la gravedad de los hechos que se imputan a la FAES. Si bien no hay cifras oficiales consistentes sobre letalidad policial, el informe anual del Observatorio Venezolano de Violencia contabilizó, solo en 2019, 5.286 muertes por “resistencia a la autoridad”.
Avanza proyecto para prohibir a organizaciones que reciban financiamiento de fuentes ajenas a su actividad
México
Impacto | Negativo
Probabilidad | Alta
Rating Civicus | Reprimido
El 21 de octubre, la Cámara de Diputados aprobó una reforma impositiva presentada por el Secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, que propone limitar el financiamiento de las organizaciones y fundaciones autorizados a recibir donaciones deducibles del Impuesto sobre la Renta (ISR).
En términos prácticos, cuando más del 50% de sus fondos provengan de fuentes ajenas a su objeto social, estas podrán perder el permiso para operar. Además, deberán destinar todo su patrimonio a otras entidades autorizadas para recibir donaciones deducibles del ISR. De acuerdo con la ley vigente, hay doce actividades que quedarían alcanzadas por esta restricción, entre ellas, organismos asistenciales, educativos, de investigación, culturales y ecológicos.
En la actualidad, la Ley de Organizaciones de la Sociedad Civil prohíbe las donaciones de fuentes que no concuerden con el objeto social registrado por la institución. Lo que las autoridades alegan en defensa de la reforma es que hay que “evitar que estas entidades realicen actividades tendientes a obtener un lucro”. Es altamente probable que el Senado sancione el proyecto en las próximas semanas.
Ministerio de Salud oculta información sobre pruebas de COVID-19 por dos años
El Salvador
Estado | Limitado
Impacto | Negativo
Rating Civicus | Obstruido
El Ministerio de Salud incluyó en la lista de información reservada a los memorándums y correspondencia generada por el Laboratorio Nacional de Salud Pública en relación a las pruebas para detección del COVID-19 realizadas en el país. Para el gobierno, el conocimiento público de estos documentos pondría “en peligro evidente la vida, la seguridad o la salud de cualquier persona”.
Debido a eso, durante los próximos dos años no estarán alcanzados por la Ley de Acceso a la Información Pública (AIP) que garantiza el derecho de la ciudadanía a conocer la información que está en poder del estado. Organizaciones de la sociedad civil y medios locales consideraron que la medida es “ilegal” y el plazo de reserva, “desproporcionado”.
La decisión del gobierno no es aislada. Se suma a otras reformas a la Ley de AIP que entorpecen aún más el ejercicio del derecho a saber. Por ejemplo, para que un ciudadano o ciudadana al que se ha negado el acceso a información solicitada pueda acudir al Instituto de AIP (IAIP), deberá antes apelar ante la entidad que rechazó el pedido. Javier Castro, director del Departamento de Estudios Legales de FUSADES, observó que el hecho de que las reformas se hayan hecho por decisión del ejecutivo y no por ley supone “un exceso en la potestad reglamentaria que tiene el presidente de la República” y que “por ende son inconstitucionales”.
Un nuevo medio de comunicación oficial, sin fiscalización ni auditoría pública
El Salvador
Impacto | Negativo
Rating Civicus | Obstruido
El presidente Nayib Bukele anunció el 19 de octubre el lanzamiento del Diario El Salvador. El nuevo medio oficial fue presentado como la alternativa para “conocer el otro lado de la historia” y “proveer información de una forma veraz”. Varios sectores se manifestaron preocupados por la iniciativa.
Anticipándose a las críticas, el presidente Nayib Bukele declaró por Twitter que Diario El Salvador “será una empresa propiedad del Estado, generará empleos, pagará impuestos y será rentable”. Sin embargo, la Revista Factum, medio local de periodismo de investigación, informó que se trataría en realidad de una sociedad anónima constituida en marzo cuyo capital accionario pertenece a dos empresas energéticas. Por esa razón, quedará por fuera del sistema de control y fiscalización de la Corte de Cuentas de la República. Carlos Palomo, miembro del Observatorio Ciudadano a la Corte de Cuentas, indicó que la naturaleza de estas empresas estatales las habilita como “la opción perfecta para mover dinero sin controles”, ya que ni el Tribunal de Ética Gubernamental ni la Corte de Cuentas pueden fiscalizar el modo en el que se administran los recursos a su interior.
Por su parte, los medios de comunicación locales alegan que se trata de un intento del oficialismo de publicar propaganda política detrás de una fachada de periodismo independiente. También Pedro Vaca, Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), expresó su preocupación por el nuevo medio oficial. Al respecto, destacó que es necesario poner la mirada en los frenos y contrapesos institucionales que actúan sobre los medios públicos “para evitar que se conviertan en mecanismos de propaganda patrocinados con recursos de toda la ciudadanía”.
NODIO: un observatorio creado por el gobierno para controlar la desinformación de los medios de comunicación
Argentina
Impacto | Negativo
Rating Civicus | Limitado
Legisladores de la oposición denunciaron a la titular de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, Miriam Lewin, por abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionaria pública. La denuncia apunta contra NODIO, “Observatorio de la desinformación y la violencia simbólica en medios y plataformas digitales, que la Defensoría lanzó el 10 de octubre. Por su parte, la justicia federal rechazó el pedido de una medida cautelar para impedir la puesta en marcha del observatorio.
Los legisladores opositores argumentan que el observatorio atenta contra la libertad de prensa y promueve la persecución ideológica. Ante el reclamo de la oposición, Lewin concurrió el 19 de octubre al Congreso. Allí brindó detalles sobre su gestión y defendió a la iniciativa NODIO ante los planteos de que podría ser usada para silenciar voces disidentes en los medios. La Defensora del Público indicó que el objetivo del observatorio es abordar la desinformación y la violencia simbólica mediante la investigación, el análisis y la promoción de iniciativas ciudadanas. Además, aclaró que la iniciativa no cuenta con un presupuesto propio, ni tiene en sus atribuciones las funciones de “prohibir, multar o encarcelar”.
Según lo anunció la Defensoría en su lanzamiento, NODIO será el encargado de detectar, verificar y desarticular noticias maliciosas y sus operaciones de difusión. La Defensoría es un organismo creado en el 2009, bajo la órbita legislativa para recibir denuncias y reclamos del público de radio y televisión, y representar sus intereses.
En este marco de preocupación por la situación de la libertad de expresión en el país, el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) y legisladores de la oposición manifestaron en los últimos días su malestar por el procesamiento de un periodista acusado de integrar una “asociación ilícita paraestatal” en el marco de una causa por espionaje ilegal. En un comunicado, ADEPA, afirmó que el juez a cargo de la causa “tomó una medida sin precedentes” al aplicar “figuras que deberían ser totalmente restrictivas, como la de la asociación ilícita, desconociendo que el periodismo de investigación tiene en forma habitual contacto con fuentes cuyas actividades no siempre son lícitas ni procuran finalidades de bien común”.
Avanza en Diputados un proyecto para proteger a periodistas y defensores de los derechos humanos
México
Impacto | Positivo
Probabilidad | Media
Rating Civicus | Reprimido
A finales de septiembre, la Comisión de Gobernación y Población presidida por la diputada oficialista Rocío Barrera, dictaminó a favor de un proyecto para fortalecer la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, mediante la aplicación de Planes de Protección Integral. Centenares de denuncias por asesinato o desaparición en los últimos años hacen de México uno de los países más peligrosos para los periodistas en la actualidad.
La diputada Barrera, oficialista, destacó que se trata de una iniciativa que “articula esfuerzos institucionales y establece facultades, obligaciones y competencias concretas que se requieren con urgencia para proteger el ejercicio periodístico, la libertad de expresión y la defensa y promoción de los derechos humanos”. Sin embargo, el diputado opositor Jorge Espadas cuestionó al oficialismo indicando que aún se debe analizar cómo operará este mecanismo y con qué recursos económicos contará para su funcionamiento.
El gobierno ya había sido denunciado por Amnistía Internacional al considerar que sus “declaraciones contribuyen a crear un ambiente hostil en contra de las personas que ejercen el periodismo y de los medios de comunicación”. El proyecto debe ser analizado por la Comisión de Derechos Humanos antes de llegar al recinto.
Avanza un proyecto de ley del oficialismo impone pena de prisión a quienes difundan noticias falsas
Nicaragua
Impacto | Negativo
Probabilidad | Alta
Rating Civicus | Reprimido
El Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), partido del oficialismo, presentó el proyecto de Ley Especial de Ciberdelitos para sancionar con pena de prisión de dos a cuatro años a quienes “publiquen o difundan información falsa, tergiversada que produzca alarma, zozobra y temor en la población”.
El castigo asciende a cinco años de cárcel cuando los mensajes “inciten al odio y a la violencia”. El proyecto además tipifica un conjunto sumamente heterogéneo de delitos que incluyen el acceso indebido, alteración o daño a sistemas informáticos, la sustitución de identidad, la utilización de datos personales, el fraude y el acoso sexual en el entorno digital.
El presidente de la Asamblea Legislativa, Gustavo Porras, declaró que la intención de la ley es que las herramientas cibernéticas “no sean utilizadas para dañar la imagen de nadie, la honra de nadie y de dañar a ninguna familia”. Sin embargo, desde la sociedad civil se ha advertido que la ambigüedad en la definición de las conductas castigadas pueden llevar en la práctica a criminalizar usos cotidianos de las tecnologías de la información y la comunicación, y también a amenazar el ejercicio de la libertad de expresión a través de la crítica, la parodia y la sátira. El proyecto ya fue aprobado por las Comisiones de Justicia, Educación e Infraestructura y podría ser sancionado antes de que termine octubre.
Ortega promulgó una ley para controlar a las organizaciones que reciban financiamiento internacional
Nicaragua
Impacto | Negativo
Probabilidad | Alta
Rating Civicus | Reprimido
Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, promulgó el 19 de octubre la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, que busca limitar la acción de organizaciones que reciban financiamiento internacional. La normativa obliga a todas las entidades, fundaciones y asociaciones que reciban fondos del exterior a registrarse como “agentes extranjeros”.
Cada vez que reciban una oferta de fondos del exterior, las organizaciones deberán informar al Ministerio de Gobernación en qué actividades serán utilizados y realizar la rendición de gastos, pagos y contrataciones, según la nueva ley. Las donaciones de fuente extranjera no podrán ser empleadas en actividades que no hayan sido declaradas previamente y registradas en un portal web que será creado con ese propósito. En caso de incumplimiento, el Ministerio podrá imponer multas o cancelar la personería jurídica. Desde el 2018, el gobierno nicaragüense anuló la personería jurídica de 10 organizaciones de la sociedad civil sin respetar las garantías del debido proceso.
La normativa, que ya se encuentra en vigencia, había sido presentada el 22 de septiembre por los 70 diputados que integran la bancada del partido del oficialismo, Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), y aprobada el 14 de octubre por la Asamblea Nacional.
Voces de la Sociedad Civil
ARGENTINA
Comunicado sobre NODIO “Monitorear el pensamiento no favorece la libertad de expresión”: “La instauración de este tipo de órganos de vigilancia desde el Estado conlleva un riesgo cierto de que estos sean utilizados como método sutil de disciplinamiento o represalia por motivaciones ajenas a los principios que dicen promover”.
ADEPA
11/10/2020
EL SALVADOR
RAMON VILLALTA, DIRECTOR EJECUTIVO: La declaratoria de reserva de información sobre resultados de las pruebas de COVID 19 es una clara violación al derecho de acceso a la información pública y también afecta el derecho humano ala salud. La publicación de esa información no se justifica en el art. 19 de la LAIP, ya que no pone en evidente peligro la vida y la salud. Más bien lo contrario: su no publicación pone en riesgo la salud de las personas.
INICIATIVA SOCIAL PARA LA DEMOCRACIA
26/10/2020
Informacion de Interés
Venezuela
Un gran número de países y organizaciones internacionales respaldaron el informe de la Misión Independiente de Venezuela y expresaron su preocupación por las violaciones a los derechos humanos en el país sudamericano. En esta línea, 22 miembros del Consejo de Derechos Humanos votaron el pasado 6 de octubre a favor de extender por dos años el mandato de la Misión. Solo Eritrea, Filipinas y Venezuela estuvieron en contra. La Secretaría General de la OEA publicó un comunicado pidiendo a la comunidad internacional que actúe de manera mancomunada para ejercer presión y “llevar a los criminales ante la justicia”, mientras que el Grupo Internacional de Contacto declaró que Venezuela necesita “el apoyo de una comunidad mundial que trabaje unida”.
El Salvador
Organizaciones de la sociedad civil salvadoreña solicitaron la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en lo que alegan es la violación de la independencia judicial por parte del presidente Nayib Bukele. A través de un comunicado, declararon que el mandatario “acosa” a los miembros de la Sala de lo Constitucional cuando se pronuncian de manera adversa a los intereses del gobierno. En efecto, Bukele calificó a los magistrados de “corruptos” y “vendidos”, luego de que la Corte Suprema de Justicia le ordenara transparencia en los ingresos para evitar que se repita la falta de pago de los salarios de los miembros del Poder Legislativo. Las denuncias ante la CIDH también incluyeron la negativa del gobierno a dar a conocer expedientes vinculados al sector militar en relación con la masacre de El Mozote de 1981.
Guatemala
El 9 de octubre, el presidente Alejandro Giammattei participó del lanzamiento del proceso de co-creación del V Plan Nacional de Acción 2021-2023 para la transparencia y la transformación de la gestión pública. Con la participación virtual de organizaciones de la sociedad civil, Giammattei instruyó a la Comisión Presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico a coordinar la participación de distintos grupos y sectores del país. Este nuevo plan sucede al IV Plan de Acción 2018-2020, que abarcó 12 ejes en materia de gobierno electrónico, innovación pública y fortalecimiento institucional, entre otros.
Fortalecemos las democracias en América Latina
Somos una organización apartidaria e independiente que desde hace 10 años promueve la constitución de espacios autónomos, flexibles, democráticos e independientes, a través del diálogo con diversos actores del sector público, privado, académico y de la sociedad civil.
El punto de partida de nuestro trabajo surge del reconocimiento y valoración de la pluralidad política y social de América Latina.
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