El Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), partido del oficialismo, presentó el proyecto de Ley Especial de Ciberdelitos para sancionar con pena de prisión de dos a cuatro años a quienes “publiquen o difundan información falsa, tergiversada que produzca alarma, zozobra y temor en la población”. 

El castigo asciende a cinco años de cárcel cuando los mensajes “inciten al odio y a la violencia”. El proyecto además tipifica un conjunto sumamente heterogéneo de delitos que incluyen el acceso indebido, alteración o daño a sistemas informáticos, la sustitución de identidad, la utilización de datos personales, el fraude y el acoso sexual en el entorno digital.

 El presidente de la Asamblea Legislativa, Gustavo Porras, declaró que la intención de la ley es que las herramientas cibernéticas “no sean utilizadas para dañar la imagen de nadie, la honra de nadie y de dañar a ninguna familia”. Sin embargo, desde la sociedad civil se ha advertido que la ambigüedad en la definición de las conductas castigadas pueden llevar en la práctica a criminalizar usos cotidianos de las tecnologías de la información y la comunicación, y también a amenazar el ejercicio de la libertad de expresión a través de la crítica, la parodia y la sátira. El proyecto ya fue aprobado por las Comisiones de Justicia, Educación e Infraestructura y podría ser sancionado antes de que termine octubre.