Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, promulgó el 19 de octubre la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, que busca limitar la acción de organizaciones que reciban financiamiento internacional. La normativa obliga a todas las entidades, fundaciones y asociaciones que reciban fondos del exterior a registrarse como “agentes extranjeros”. 

Cada vez que reciban una oferta de fondos del exterior, las organizaciones deberán informar al Ministerio de Gobernación en qué actividades serán utilizados y realizar la rendición de gastos, pagos y contrataciones, según la nueva ley. Las donaciones de fuente extranjera no podrán ser empleadas en actividades que no hayan sido declaradas previamente y registradas en un portal web que será creado con ese propósito. En caso de incumplimiento, el Ministerio podrá imponer multas o cancelar la personería jurídica. Desde el 2018, el gobierno nicaragüense anuló la personería jurídica de 10 organizaciones de la sociedad civil sin respetar las garantías del debido proceso. 

La normativa, que ya se encuentra en vigencia, había sido presentada el 22 de septiembre por los 70 diputados que integran la bancada del partido del oficialismo, Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), y aprobada el 14 de octubre por la Asamblea Nacional.