Argentina

    Impacto | Negativo

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    Legisladores de la oposición denunciaron a la titular de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, Miriam Lewin, por abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionaria pública. La denuncia apunta contra NODIO, “Observatorio de la desinformación y la violencia simbólica en medios y plataformas digitales, que la Defensoría lanzó el 10 de octubre. Por su parte, la justicia federal rechazó el pedido de una medida cautelar para impedir la puesta en marcha del observatorio. 

    Los legisladores opositores argumentan que el observatorio atenta contra la libertad de prensa y promueve la persecución ideológica. Ante el reclamo de la oposición, Lewin concurrió el 19 de octubre al Congreso. Allí brindó detalles sobre su gestión y defendió a la iniciativa NODIO ante los planteos de que podría ser usada para silenciar voces disidentes en los medios. La Defensora del Público indicó que el objetivo del observatorio es abordar la desinformación y la violencia simbólica mediante la investigación, el análisis y la promoción de iniciativas ciudadanas. Además, aclaró que la iniciativa no cuenta con un presupuesto propio, ni tiene en sus atribuciones las funciones de “prohibir, multar o encarcelar”.

    Según lo anunció la Defensoría en su lanzamiento, NODIO será el encargado de detectar, verificar y desarticular noticias maliciosas y sus operaciones de difusión. La Defensoría es un organismo creado en el 2009, bajo la órbita legislativa para recibir denuncias y reclamos del público de radio y televisión, y representar sus intereses.

    En este marco de preocupación por la situación de la libertad de expresión en el país, el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) y legisladores de la oposición manifestaron en los últimos días su malestar por el procesamiento de un periodista acusado de integrar una “asociación ilícita paraestatal” en el marco de una causa por espionaje ilegal. En un comunicado, ADEPA, afirmó que el juez a cargo de la causa “tomó una medida sin precedentes” al aplicar “figuras que deberían ser totalmente restrictivas, como la de la asociación ilícita, desconociendo que el periodismo de investigación tiene en forma habitual contacto con fuentes cuyas actividades no siempre son lícitas ni procuran finalidades de bien común”. 

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