El 13 de enero la OSC presentó su informe anual en el que señala que los Derechos Humanos y las libertades fundamentales han sufrido importantes retrocesos en América Latina y el Caribe durante el año 2021. Entre las principales problemáticas a nivel regional destacan el deterioro de las condiciones de detención en los establecimientos penitenciarios, los constantes abusos por parte de las fuerzas de seguridad, la falta de independencia del poder judicial, el incremento de episodios de represión en protestas sociales y las reiteradas violaciones a las libertades de expresión y de prensa. A continuación un análisis detallado de la situación de cada uno de los países de América Latina.

Argentina

Se destacan las malas condiciones de detención del sistema penitenciario y los constantes abusos por parte de las fuerzas de seguridad; la inconsistencia de la política exterior con respecto a Venezuela y Nicaragua; la falta de independencia del Poder Judicial y la impunidad por el atentado terrorista a la AMIA (ocurrido en 1994); y la “violencia endémica” hacia las mujeres. Por último, en lo referido a la libertad de expresión el informe apunta a las altas autoridades, entre ellas el presidente Alberto Fernandez, por haber utilizado una retórica hostil en contra de periodistas independientes, al acusarlos de difundir noticias falsas sobre temas de interés público, como en el caso de las irregularidades en la distribución de las vacunas del Covid-19.

Bolivia

El país vive una situación crítica en materia de independencia del poder judicial; son cada vez más frecuentes los episodios de violencia y abusos en situaciones de protesta, así como también las violaciones a la libertad de expresión y el acceso a la información. Por otra parte, se señaló el empeoramiento de las condiciones de detención en las cárceles, la vulneración de los derechos de los indígenas, las mujeres y las niñas, y la existencia de situaciones de discriminación por orientación sexual. Por último, el informe destaca que la Asociación Nacional de la Prensa  denunció varios casos de violencia policial durante que fueron ignorados por el Gobierno. 

Brasil

El reporte se refiere al presidente Jair Bolsonaro como una amenaza al régimen democrático por su intento de socavar la confianza en el sistema electoral, la libertad de expresión y la independencia judicial. En segundo término, el informe señala que los asesinatos policiales alcanzaron su punto máximo durante el actual gobierno y que en el 80% de los casos se trataba de personas negras. Por último, en lo referido a la libertad de expresión, el informe subraya que el gobierno ha perseguido al menos 17 críticos, llegando incluso a utilizar una Ley de Seguridad Nacional de la era militar – revocada en 2021. 

Chile

El país enfrenta importantes retos en materia de DDHH, por un lado, los relacionados a las condiciones de detención en las prisiones, y por el otro, los constantes abusos a los derechos de los migrantes, refugiados, mujeres, niños, pueblos originarios y la comunidad LGBT. En cuanto a los derechos de migrantes y refugiados, la situación es particularmente preocupante ya que en abril de 2021 el Congreso chileno aprobó una ley, que si bien aún no ha sido reglamentada, permite a las autoridades emitir órdenes de deportación inmediata sin pruebas justificatorias en contra de aquellos sujetos que hayan cruzado la frontera o que estén intentando cruzarla, lo cual atenta contra el debido proceso. 

Colombia

Pese al acuerdo de paz de 2016, los episodios de violencia se recrudecieron durante el año 2021, y se han registrado graves abusos a manos del Ejército de Liberación Nacional (ELN), sectores disidentes de las FARC y grupos paramilitares. Además, la situación de los defensores de los DDHH, periodistas, líderes indígenas y afrocolombianos y otros activistas comunitarios es crítica, dado que estos enfrentan diariamente episodios de violencia y amenazas de muerte. El informe destaca además, los numerosos episodios de represión y uso excesivo de la fuerza que se dieron en el marco de las protestas desarrolladas a lo largo de 2021 y que desataron el debate público alrededor de  la normativa que regula su accionar.

Ecuador

Continúan las preocupaciones relativas a las malas condiciones de los establecimientos penitenciarios, en especial tras los episodios violentos y motines que tuvieron lugar durante el último año. Por otra parte, el informe señaló al uso indiscriminado de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad y la limitada protección de los derechos de los refugiados como algunos de los problemas más importantes de la realidad del país. Por último, en lo que refiere al sistema judicial, el informe se centra en la injerencia del Poder Ejecutivo en la investigación de los casos de corrupción, lo cual conlleva al incumplimiento del debido proceso y retrasos injustificados. 

El Salvador

El informe señala que en 2021 se consolidaron las tendencias autocráticas del Presidente Nayib Bukele, en especial a partir de la obtención de la mayoría en la Asamblea Legislativa. Desde entonces se hicieron frecuentes los ataques sistemáticos al Poder Judicial y al periodismo crítico con el gobierno, acusado de difundir noticias falsas y servir intereses políticos. A su vez, el informe señala que los abusos por parte del gobierno frecuentemente permanecen impunes. Por último, el documento menciona que también son frecuentes las restricciones al acceso a la información pública por parte de la administración de Bukele.

Guatemala

El reporte da cuenta de eventos que a lo largo del 2021 comprometieron la independencia del Poder Judicial como numerosos hechos de corrupción, demoras en el nombramiento de jueces, la negativa del Congreso de jurar al presidente de la Corte Constitucional, y el desplazamiento del titular de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad. Por otra parte, la violencia dirigida a periodistas y defensores de DDHH son cuestiones preocupantes. En materia de libertad de expresión, el reporte señala que el gobierno de Alejandro Giammattei atacó verbalmente a periodistas e impuso restricciones a la prensa, limitando el acceso a la información pública durante la pandemia, y que, las investigaciones sobre amenazas, ataques y asesinatos de periodistas no han progresado. Por último, el informe señala que el espacio cívico se ha visto amenazado desde la entrada en vigencia, en junio del 2021, de la ley que habilita al gobierno a cancelar la personería jurídica de organizaciones de la sociedad civil cuando considere que estas “alteran el orden público”.

Honduras

El informe señala que el Poder Judicial y la policía no han sido inefectivos en el combate al crimen organizado y que los delitos en contra de periodistas y defensores de DDHH siguen en aumento. Desde 2010, han sido 42 los periodistas asesinados, y, por lo tanto, el Mecanismo de Protección de Periodistas, Defensores de Derechos Humanos y Operadores Judiciales creado en 2015 ha sido ineficaz en atender este problema. Por último, el informe destaca la falta de independencia de la rama judicial, en especial tras la salida de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) en enero del 2020.

México

El reporte señala que durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) las violaciones de DDHH han persistido, en especial los asesinatos extrajudiciales y los ataques a periodistas y activistas sociales, pese a que se ha militarizado la seguridad interna con la creación de la Guardia Nacional. En materia de libertad de expresión, el informe destaca los casos de periodistas que a causa de sus investigaciones sobre funcionarios públicos o que expusieron delitos de cárteles criminales, debieron enfrentar ataques, acoso y espionaje por parte de autoridades. Además, se identificaron problemas de coordinación en la aplicación del Mecanismo de Protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas (establecido en 2012), los cuales resultaron en la muerte de 6 periodistas que se encontraban bajo la protección del programa. 

Nicaragua

Con el objetivo de asegurar su cuarto mandato, el Presidente Daniel Ortega impulsó toda una serie de medidas para disuadir a críticos y limitar la participación política en las elecciones. De esta forma, fue aprobada una reforma electoral -que permitió el control absoluto de los comicios por parte del gobierno- y se produjo la detención arbitraria de 7 candidatos presidenciales y 32 críticos del gobierno. A su vez, se denunciaron abusos por parte de las fuerzas del gobierno en contra de los disidentes detenidos. En segundo plano, el informe señala que durante 2021 se profundizaron problemas persistentes en el país, como las continuas restricciones a la libertad de expresión y asociación. Por un lado, los ataques a defensores de DDHH, periodistas y medios de comunicación han sido frecuentes, los cuales han sido el objetivo de amenazas de muerte, agresiones, intimidación, acoso, vigilancia, campañas de difamación en línea y persecusión. Por otra parte, el espacio cívico ha sido hostigado duramente en el último año, por medio de la cancelación de la personería jurídica a OSCs y la suspensión de sus actividades, especialmente tras la aprobación de la Ley de Agentes Extranjeros.

Perú

En el año 2021 los abusos por parte de las fuerzas de seguridad, las amenazas a la libertad de expresión y la violencia en contra de las mujeres constituyeron algunos de los temas más preocupantes en materia de vulneración de derechos humanos. En lo que respecta al proceso electoral, el informe destaca que miembros del Jurado Nacional de Elecciones y otras autoridades fueron hostigados durante la campaña y el recuento de votos. Por otra parte, se da cuenta de las acusaciones impartidas por la candidata opositora, Keiko Fujimori, y su injerencia sobre el público con la intención de deslegitimar las elecciones presidenciales en las que triunfó su adversario, Pedro Castillo. Por último, el informe destacó las reiteradas amenazas a la libertad de expresión y la libertad de prensa durante el gobierno de Castillo.

Venezuela

El informe destaca que durante 2021 las fuerzas de seguridad del gobierno de Nicolás Maduro fueron acusadas de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas. Asimismo, se mencionan también la frecuente encarcelación de políticos opositores, los juicios a civiles en tribunales militares, los episodios de tortura y tratos inhumanos a detenidos y la represión de las protestas sociales. El informe resalta que las autoridades judiciales han participado o han sido cómplices de estas graves violaciones de derechos fundamentales. Por último, el reporte denuncia irregularidades durante las elecciones de noviembre de 2021 como la inhabilitación arbitraria de políticos opositores, el control de los medios de comunicación por parte del estado y la falta de independencia judicial.