En los últimos meses, ha crecido la preocupación ante la denegatoria del gobierno de Bukele a dar información a la ciudadanía sobre el manejo gubernamental de la pandemia de COVID-19. Los Ministerios de Salud (MINSAL), Economía (MINEC) y Agricultura y Ganadería (MAG) son algunos de los blancos de crítica por la falta de transparencia evidenciada en la decisión de mantener como reservada información de interés público por períodos de hasta 7 años. 

Entre los datos confidenciales se encuentran: resultados de pruebas para COVID-19, el Plan Nacional de Salud, los códigos fuente de los sistemas informáticos del MINSAL, las liquidaciones del subsidio de USD 300 otorgado por el MINEC y documentos relacionados con la compra de paquetes alimentarios distribuidos a la población durante la pandemia por COVID-19. Jesica Estrada, Directora de la Fundación para el Desarrollo (Funde), declaró al respecto que “en todos esos ministerios se trata de información distinta, pero al final las excusas que utilizan para no brindar la información sobrepasan lo que la misma ley establece”. 

Diversas denuncias han sido presentadas ante el IAIP, pero la propia imparcialidad del instituto está en tela de juicio. Organizaciones que componen el Grupo Promotor de la Ley de Acceso a la Información Pública han apuntado contra los últimos tres comisionados designados por el presidente Nayib Bukele, quienes estarían contribuyendo a la vulneración de la independencia del IAIP y eximiendo al gobierno de cumplir con su mandato de transparencia. 

El 14 de diciembre, los tres comisionados señalados votaron a favor de no grabar más las sesiones colegiadas del IAIP, lo que fue calificado como un “claro retroceso” en el derecho a la información por parte de organizaciones de la sociedad civil. Ante esto, se presentaron dos iniciativas de ley en la Asamblea. La primera establece que las sesiones del IAIP sean grabadas en audio y video y estén disponibles para quien lo solicite luego de la resolución definitiva. La segunda exime a la información relacionada a la ejecución de políticas públicas y al uso de fondos públicos de ser clasificada como información reservada, y confiere la facultad de designación de los comisionados del IAIP a la Asamblea Legislativa. Ambos serán enviados a la comisión correspondiente en el corto plazo.

Por otro lado, la Sala Constitucional de la Corte Suprema admitió una demanda contra las reformas al reglamento de la Ley de Acceso a la Información Pública realizadas por el gobierno en agosto que aumentan las potestades del Presidente del Instituto y relajan los requisitos para el nombramiento de comisionados.