Tras un tratamiento legislativo express, el 5 de mayo el gobierno promulgó la reforma a la Ley Electoral presentada por diputados oficialistas del Frente Sandinista y respaldada por el presidente Daniel Ortega. Entre otros puntos, la nueva ley obliga a los partidos políticos a solicitar autorización a la Policía Nacional para realizar manifestaciones públicas durante la campaña electoral mientras que, directamente, prohíbe las de aquellas “expresiones políticas” que no participen de la misma.

Desde ahora, toda manifestación pública convocada por un partido político en el transcurso de los 75 días previos a la elección, deberá ser notificada por los/as organizadores/as con una semana de antelación al menos, y autorizada por el cuerpo policial. Los partidos que “alteren el orden público e inciten a la injerencia externa” podrán perder su personería jurídica. 

Por otra parte, la reforma inhibe la inscripción como candidatos/as a diputados/as y a otros cargos electivos de quienes no cumplan con lo estipulado en la Ley de Agentes Extranjeros y en la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo, entre otras, requisito que plantea condicionamientos severos en base a regulaciones que fue altamente cuestionadas por la sociedad civil y otros sectores. 

Un día después de la promulgación, la Asamblea General de la OEA emitió un comunicado de prensa en el que expresaba su preocupación por estas medidas que “erosionan, en lugar de fortalecer, un proceso político pluralista que conduzca al ejercicio efectivo de los derechos civiles y políticos de la población”, además de aclarar que la ausencia de pluralidad de partidos no cumple con los principios del Sistema Interamericano al que el país suscribe. Estas expresiones no fueron un disuasivo suficiente para evitar que el Consejo Supremo Electoral anulara el 18 de mayo la personería jurídica del Partido de la Revolución Democrática (PRD), apenas dos semanas después de la entrada en vigencia de la reforma.