Una herramienta de Directorio Legislativo para monitorear
las regulaciones que puedan afectar el espacio cívico
en América Latina y el Caribe.
Fundación Directorio Legislativo | Julio 2020
Sobre Civic Space Guardian (CSG)
Civic Space Guardian (CSG) es una herramienta diseñada por Directorio Legislativo para monitorear las regulaciones que puedan afectar el espacio cívico en América Latina y el Caribe, tanto en sentido positivo como negativo.
El monitoreo incluye temas vinculados a la libertad de expresión, de reunión, de asociación, de participación, al acceso a la información pública y regulaciones tributarias o burocráticas para el funcionamiento de las organizaciones de la sociedad civil.
CSG llega a sus lectores a través de un boletín mensual.
Continúa el conflicto entre el gobierno y la Asamblea sobre la regulación de la cuarentena
El Salvador
Impacto | Negativo
Rating CIVICUS | Obstruido
En los próximos días la Corte Suprema debería fallar sobre el recurso presentado por el gobierno del presidente Nayib Bukele para revocar la ley de protección de los derechos de las personas durante el estado de emergencia. La norma establece un marco de actuación para las autoridades públicas durante la vigencia de la cuarentena. Mientras, las medidas de aislamiento social dictadas por el presidente Nayib Bukele, continúan vigentes pese a que fueron declaradas inconstitucionales por el tribunal. La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, junto a otras organizaciones de la comunidad internacional, cuestionaron las acciones del gobierno que socavan la separación de poderes e ignoran las órdenes judiciales que buscan poner un límite a la detención de personas por violación de la cuarentena. Por su parte, el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, intentó contrarrestar las críticas y cuestionó a quienes “inventan dictaduras donde no las hay”.
Avanza un proyecto para vigilar la circulación de contenidos virales en internet
Brasil
Impacto | Negativo
Probabilidad | Alta
Rating CIVICUS | Obstruido
El 30 de junio, el Senado dio media sanción a un proyecto de ley de libertad, responsabilidad y transparencia en internet. La iniciativa que apunta a limitar la circulación de noticias falsas en el entorno digital fue cuestionada por distintas organizaciones de la sociedad civil que advierten que su aplicación podría conllevar riesgos para la libertad de expresión y el derecho a la privacidad. De ser sancionada, las plataformas de mensajería deberán mantener una base de datos de los envíos masivos para posibilitar la vigilancia de la viralización de contenidos e identificar su origen. Las compañías también serán responsables de dar de baja cuentas falsas o automatizadas e identificar los contenidos pautados cuya distribución haya sido abonada al proveedor de la red. Estos puntos son algunos de los más cuestionados por las organizaciones sociales que anticipan un incremento de la capacidad del gobierno para vigilar a periodistas y activistas. La difusión de noticias falsas es un tema de discusión en Brasil desde las elecciones presidenciales de 2018 en las que resultó electo Jair Bolsonaro. Si bien la Cámara de Diputados ya comenzó a discutir el proyecto, está previsto que los parlamentarios continúen recibiendo a especialistas y representantes del sector durante las próximas semanas.
La entrada en vigencia del T-MEC y los efectos colaterales para la libertad de expresión
México
Impacto | Negativo
Rating CIVICUS | Reprimido
Entre el 29 y el 30 de junio, el Congreso mexicano sancionó un conjunto de reformas a la Ley Federal del Derecho de Autor y al Código Penal Federal que se requerían como condición para la entrada en vigencia el 1 de julio del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC). Si bien los cambios apuntan a proteger las creaciones intelectuales de usos no autorizados, desde la sociedad civil se advirtió que el mecanismo de “notificación y retirada” podría ser utilizado como instrumento de censura digital y violación de la libertad de expresión por parte del Estado. De acuerdo a lo indicado por las organizaciones denunciantes, este mecanismo obliga a los proveedores de servicios de internet a retirar del dominio público cualquier publicación o contenido cuando una persona alegue que sus derechos de autor han sido violados, sin necesidad de aportar pruebas ni de obtener una orden judicial.
El nuevo Código Penal implica riesgos para la libertad de expresión en internet
Honduras
Impacto | Negativo
Rating CIVICUS | Reprimido
El 25 de junio entró finalmente en vigencia una polémica reforma del Código Penal aprobada en 2019, cuya aplicación había sido pospuesta en dos ocasiones. La reforma incorpora los delitos de calumnia e injuria, y agrava las penas cuando estas acciones “se efectúen a través de impresos, televisión, radio, internet, redes de información, ante una multitud de personas o a través de otros medios de eficacia semejante”. Los periodistas o todos aquellos que expresen ideas y opiniones críticas podrían quedar expuestos a penas de prisión por plazos que van de los 200 a los 500 días o al pago de sanciones económicas. En vista del contundente rechazo expresado por distintos sectores de la sociedad civil y de la oposición es probable que el Congreso evalúe la posibilidad de revisar los puntos más cuestionados a través de una nueva modificación del Código.
Corte Constitucional suspende el uso progresivo de la fuerza en reuniones y manifestaciones
Ecuador
Impacto | Positivo
Rating CIVICUS | Limitado
El 24 de junio la Corte Constitucional dio lugar a una demanda presentada por organizaciones de la sociedad civil y defensores de los derechos humanos contra el reglamento que permite a los militares el uso progresivo de la fuerza. En su presentación, las instituciones demandantes señalaron que la norma aprobada por acuerdo ministerial atenta contra la Constitución al autorizar a las Fuerzas Armadas a desempeñar un rol complementario en el mantenimiento del orden interno. Por su parte, Human Rights Watch advirtió sobre el riesgo de terminar alentando el uso de la fuerza letal y exhortó a Ecuador a dejarla sin efecto. La suspensión es temporal hasta tanto la Corte decida sobre la constitucionalidad del reglamento.
En un clima de tensión política, el Congreso fiscalizará las escuchas judiciales
Argentina
Impacto | Negativo
Rating CIVICUS | Limitado
El pasado 30 de junio los presidentes de ambas Cámaras del Congreso firmaron una resolución conjunta, designando a la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia como la responsable de dar seguimiento a las actividades que lleva adelante la Dirección de Asistencia Judicial de Delitos Complejos, un cuerpo en la órbita de la Corte Suprema que realiza escuchas judiciales. La decisión se da en un contexto de tensión política que se fue incrementando desde que la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia, Cristina Caamaño, denunció actividades de espionaje ilegal durante el gobierno de Mauricio Macri. Desde entonces, el oficialismo intentó derogar el Decreto de Necesidad y Urgencia firmado por Macri, que traspasó la actividad de escuchas del ámbito de la Procuración General a la Corte Suprema, lo que fue rechazado por la oposición. Entretanto, avanzan causas judiciales por denuncias de espionaje ilegal. En ese contexto, fue allanada la casa de un ex secretario del ex presidente Macri. Ante esa situación, la coalición opositora “Juntos por el Cambio” emitió un comunicado en el que afirmó que un sector del oficialismo parece estar “enfocado en enrarecer el clima político”.
Multas millonarias y penas de prisión para quienes incumplan la cuarentena
Chile
Impacto | Negativo
Rating CIVICUS | Limitado
Tras la prórroga del estado de excepción hasta septiembre, dictada por el gobierno para mitigar el impacto del COVID-19, el Congreso modificó el Código Penal con el fin de sancionar la inobservancia del aislamiento y otras medidas sanitarias de prevención. La iniciativa apunta a lograr el pleno acatamiento a las órdenes de restricción de la circulación en un momento en que Chile se posiciona como uno de los 10 países más afectados por la pandemia a nivel mundial. A partir de la entrada en vigencia de la ley, el 20 de junio, aquellas personas que violen las disposiciones de la cuarentena podrán ser sancionadas con la pena de hasta 5 años de cárcel y multas que podrán ir de USD 1.500 a 15.000, aproximadamente. Las fuerzas de seguridad ya han detenido a más de 100 mil personas por violar las disposiciones santiarias.
Ya está vigente la reforma al sistema de seguridad que criminaliza la protesta social
Uruguay
Impacto | Negativo
Rating CIVICUS | Abierto
El 14 de julio, luego de que el Parlamento le haya dado sanción definitiva, el presidente Luis Lacalle Pou promulgó la ley que reforma, entre otros puntos, el sistema de seguridad y justicia. La norma, que consta de 476 artículos y 11 secciones, incluye la ampliación de los alcances del principio de legítima defensa policial y la limitación del derecho a huelga. Con su entrada en vigencia, los piquetes que impidan la libre circulación serán considerados ilegítimos. A su vez, las personas que “obstaculicen, agravien, atenten, arrojen objetos, amenacen o insulten a policías” podrán sufrir pena de 3 a 18 meses de prisión. La reforma incorpora en el Código Penal el delito de resistencia al arresto y obliga a los ciudadanos a identificarse cuando un agente de las fuerzas de seguridad así lo requiera. También prohíbe la ocupación de espacios de trabajo en el marco del ejercicio del derecho a huelga. Fuentes de gobierno anunciaron que ya están trabajando en la elaboración de distintos decretos reglamentarios. La oposición no descarta la posibilidad de apoyar una recolección de firmas para derogar el articulado.
Voces de la Sociedad Civil
MÉXICO
La reforma aprobada por el Congreso de la Unión en México afecta la libertad de expresión al introducir un mecanismo extrajudicial conocido como “notificación y retirada”, […] que destruye el debido proceso y habilita la censura masiva de contenidos e informaciones de Internet […]. Este mecanismo tampoco considera los contextos locales como el de México, ni el de un Estado que mantiene una deuda histórica hacia la sociedad sobre hechos de corrupción y graves violaciones a derechos humanos. Sin las salvaguardas necesarias, las reformas aprobadas abren el camino para que se abuse por parte de actores políticos y económicos para solicitar la remoción de contenidos de interés público.
ARTÍCULO 19 Y CENTROAMÉRICA [+]
URUGUAY
Desde que comenzó la discusión de la Ley de Urgente Consideración, organizaciones defensoras de los DD.HH, así como el Relator Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, expresaron su profunda preocupación respecto de varios artículos que imponen restricciones a la libertad de expresión, los derechos de reunión y asociación, el derecho a la privacidad, el acceso a la información sobre asuntos de inteligencia, seguridad nacional y defensa, y el derecho a la participación social y política. Las disposiciones declaran, por ejemplo, ilegal el ejercicio de determinadas modalidades de manifestaciones y protesta, tanto en espacios públicos como privados, y restringen el acceso a la información porque crean nuevas categorías de información de carácter reservado, restringido y secreto.
ICD/INICIATIVA REGIONAL RENDIR CUENTAS
Anabel Cruz, directora
Documentos de Directorio Legislativo
COVID-19: El desafío de adaptar y fortalecer el rol de los congresos. Un análisis sobre la agenda legislativa y de la agenda de género
Imagen del Poder, Poder de la Imagen
Directorio Legislativo online: ¿Quiénes son nuestros legisladores y cómo nos representan?
Fortalecemos las democracias en América Latina
Somos una organización apartidaria e independiente que desde hace 10 años promueve la constitución de espacios autónomos, flexibles, democráticos e independientes, a través del diálogo con diversos actores del sector público, privado, académico y de la sociedad civil.
El punto de partida de nuestro trabajo surge del reconocimiento y valoración de la pluralidad política y social de América Latina.
Fundación Directorio Legislativo
Avenida Entre Ríos, 258 – 3E
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina (C1079ABP)
Teléfono (+5411) 5218-4647