Una herramienta de Directorio Legislativo para monitorear
las regulaciones que puedan afectar el espacio cívico
en América Latina y el Caribe.
Fundación Directorio Legislativo | Noviembre 2020
Sobre Civic Space Guardian (CSG)
Civic Space Guardian (CSG) es una herramienta diseñada por Directorio Legislativo para monitorear las regulaciones que puedan afectar el espacio cívico en América Latina y el Caribe, tanto en sentido positivo como negativo.
El monitoreo incluye temas vinculados a la libertad de expresión, de reunión, de asociación, de participación, al acceso a la información pública y regulaciones tributarias o burocráticas para el funcionamiento de las organizaciones de la sociedad civil.
CSG llega a sus lectores a través de un boletín mensual.
Represión policial deja heridos en manifestaciones contra el gobierno del presidente Alejandro Giammattei
Guatemala
Impacto | Negativo
Rating CIVICUS | Obstruido
El 21 de noviembre, miles de manifestantes salieron a las calles como muestra de rechazo a las acciones implementadas por el Ejecutivo, pidiendo la renuncia de Giammattei y su vicepresidente, Guillermo Castillo. Entre las consignas más aclamadas se encuentran el manejo de fondos públicos para la atención de la pandemia y la asignación de partidas presupuestarias para el año fiscal 2021. Un grupo minoritario de personas llevó a cabo acciones de destrucción e incendio en el Congreso de la República, lo que derivó en el exceso del uso legítimo de la fuerza por parte de la PNC. La jornada de protestas concluyó con decenas de heridos por balas de goma y gases lacrimógenos.
El foco del presidente Giammattei, sin embargo, estuvo en los actos de vandalismo y no en la represión. “Reitero el derecho de manifestar conforme la ley. Pero tampoco podemos permitir que se vandalice con la propiedad pública o privada. Al que se le compruebe su participación en estos hechos delictivos les caerá todo el peso de la ley”, declaró el presidente Giammattei a través de su cuenta de Twitter. Ante estos episodios, la Alianza por las Reformas, compuesta por 40 organizaciones sociales, solicitó la “destitución inmediata del ministro Gendri Reyes y del director de la Policía Nacional Civil, José Antonio Tzubán, quienes dieron las órdenes para reprimir a la población, y que el Ministerio Púbico inicie una investigación penal en su contra”. El reclamo también se hizo eco en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), quien condenó el exceso de la violencia policial y pidió que el Estado de Guatemala garantice el derecho a la manifestación pacífica.
Como consecuencia del fuerte malestar social, la Junta Directiva del Congreso anunció la suspensión del trámite legislativo del Presupuesto 2021 para dar lugar a un diálogo nacional que asegure el orden social convocando a distintos sectores del país.
Avanza en el Congreso una reforma a la Ley de Acceso a la Información Pública que amenaza con debilitar la independencia del ente rector
Guatemala
Impacto | Negativo
Probabilidad | Media
Rating Civicus | Obstruido
El 12 de noviembre, la Comisión de Transparencia recomendó al Pleno del Congreso la aprobación de una iniciativa para crear un órgano autónomo especializado en la protección del derecho de acceso a la información vinculado al Congreso. Esta recomendación constituye el primer hito en el trayecto legislativo de la iniciativa. Si bien el proyecto está en condiciones de ser debatido por los legisladores de la cámara, se prevé que su tratamiento en esa instancia suceda en el transcurso de 2021.
La iniciativa en cuestión fue presentada en junio por el legislador José Alejandro De León Maldonado (Podemos), y tiene la finalidad de crear una Oficina Nacional de Acceso a la Información Pública siguiendo como referencia el modelo de la Asamblea de la Organización de Estados Americanos (OEA). Sin embargo, la redacción impulsada por De León Maldonado prevé que los principales directivos sean designados por el Congreso, lo que ha fomentado las críticas de diversos funcionarios y organizaciones de la sociedad civil por el impacto negativo que podría conllevar sobre la independencia institucional. De acuerdo con la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG), “la creación de esta nueva oficina tendría un doble objetivo: restringir el acceso a la información pública y utilizarla como un botín político”. Por su parte, el vicepresidente Guillermo Castillo también se pronunció en contra del avance de esta iniciativa, argumentando que “ninguno de los 3 poderes del Estado debe tomar decisiones sobre su funcionamiento”.
Aunque los impulsores del proyecto expresaron su intención de lograr los consensos necesarios para aprobar la ley a la brevedad, los temas que componen actualmente la agenda legislativa del pleno han demostrado ser fuente de conflicto, generando así una situación de bloqueo de la labor legislativa de la cámara. En función de esta situación, se espera que el tratamiento de este articulado quede relegado para 2021.
Una nueva regulación aprobada en la Asamblea establece que las restricciones a derechos fundamentales solo sean por motivos de salud para evitar extralimitaciones
El Salvador
Impacto | Negativo
Probabilidad | Media
Rating Civicus | Obstruído
Nuevos comisionados del IAIP designados por el Presidente Bukele mantienen oculta su información patrimonial
El Salvador
Impacto | Negativo
Rating Civicus | Obstruido
La comisionada Liduvina Escobar, quien votó en contra, consideró esta decisión como un “retroceso del Derecho de Acceso a la Información Pública y al principio de máxima publicidad”. El presidente del IAIP, Ricardo Gómez Guerrero, explicó que esta decisión impactará sobre los casos de cualquier funcionario o exfuncionario indagado por la Sección de Probidad.
A esto se le suma que, posterior a esta resolución, el Ministerio de Hacienda aumentó en $250 mil dólares el presupuesto del IAIP, lo que fue señalado por miembros de la oposición como una maniobra de compensación por la modificación de criterio adoptada en torno a la información patrimonial del presidente. En vistas de esto, un diputado opositor y uno no partidario presentaron tres proyectos de ley que buscan fortalecer la independencia del IAIP y ampliar la naturaleza de los documentos que deben ser de acceso público.
Funcionarios del gobierno de Nayib Bukele son señalados como culpables de acoso a periodistas en un informe de la Asamblea Nacional
El Salvador
Impacto | Negativo
Rating Civicus | Obstruido
El 12 de noviembre, el pleno de la Asamblea Nacional aprobó el informe final elaborado por la Comisión Especial que investigó el acoso periodístico por parte del Ejecutivo. El mismo identifica como principales responsables al presidente Nayib Bukele, al Secretario de Prensa de la Presidencia, Ernesto Sanabria; y al presidente de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), Federico Anliker.
Los legisladores miembros de la comisión contaron con los testimonios de periodistas de medios digitales, escritos, periodistas independientes y representantes de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES). El informe aprobado indica no sólo la existencia de acoso por parte del Ejecutivo a medios críticos de su gestión, sino también el bloqueo al acceso a la información pública y el uso de recursos públicos para llevar a cabo ataques en contra de periodistas y opositores. Asimismo, se resaltó particularmente el uso del ciberespacio como ámbito cada vez más predominante para los ataques. Las conclusiones del informe incluyen también la pauta publicitaria gubernamental para todos los medios, sin importar su postura política, y el inicio de una investigación de los delitos cometidos a cargo de la Fiscalía General de la República.
Por otra parte, el diputado Emilio Corea (ARENA – oposición) consideró importante que la Asamblea apruebe también el proyecto de Ley de Protección de Periodistas para así ofrecer una herramienta jurídica a este grupo que permita resguardarlos del acoso sufrido por su línea de trabajo.
El Poder Ejecutivo es acusado de crear instituciones paralelas para combatir la corrupción
Honduras
Impacto | Negativo
Rating Civicus | Reprimido
El 6 de noviembre el Presidente Juan Orlando Hernández creó por decreto la Secretaría de Transparencia, una entidad dentro de la órbita del Poder Ejecutivo habilitada para tomar denuncias de la ciudadanía e investigar supuestos actos de corrupción en la administración pública. Desde la sociedad civil y el Instituto de Acceso a la Información Pública advirtieron que el decreto sería violatorio del artículo 3 de la Ley General de Administración Pública, ya que las funciones de la Secretaría duplicarían las facultades que actualmente ostentan el Ministerio Público y el Tribunal de Cuentas. Por otro lado, el decreto también constituye el Consejo Nacional de Transparencia y Rendición de Cuentas (CNT), una entidad integrada por el gobierno, la sociedad civil, el sector privado y la academia. Diversas organizaciones sociales acusaron al Ejecutivo de intentar conformar una institución paralela al Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), una instancia civil de lucha contra la corrupción.
El Ministerio del Interior estableció un protocolo para regular las manifestaciones que podría restringir la libertad del derecho de protesta
Colombia
Impacto | Negativo
Probabilidad | Alta
Rating Civicus | Reprimido
La resolución aprobada por el Ministerio del Interior el 20 de octubre, establece que los manifestantes deberán reunirse con los alcaldes y gobernadores para explicar el motivo de la movilización, además de establecer que la Policía deberá identificar quiénes son los líderes u organizadores de la misma. Si bien esta normativa ya se encuentra en vigencia, regirá a corto plazo, mientras finaliza el proceso de elaboración de otro protocolo que tendrá como fin responder al fallo emitido por la Corte Suprema de Justicia y especificar la forma en la que la Fuerza Pública podrá usar la fuerza ante las movilizaciones sociales.
El protocolo activa la conformación del Puesto de Mando Unificado (PMU) con representantes de la Fiscalía General, Migración Colombia, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Defensoría del Pueblo, Procuraduría General de la Nación y Personería Distrital o Municipal. Asimismo, prevé que los alcaldes y gobernadores tendrán la responsabilidad de convocar de manera previa a los líderes, con el objetivo de verificar cuál será el curso de la misma y sus pormenores.
A su vez, la Policía Nacional deberá identificar posibles actores infiltrados en las manifestaciones, así como amenazas o alteraciones del orden público de manera anticipada. Cuando se presenten hechos violentos que pongan en peligro la vida o la propiedad privada, esta fuerza podrá actuar e intervenir de acuerdo a los principios de necesidad, gradualidad, proporcionalidad y racionalidad. Por otra parte, los manifestantes tendrán el deber de reportar el recorrido, así como el horario, el número estimado de participantes y sus líderes, y los medios empleados. Las convocatorias a las manifestaciones no podrán versar sobre fines ilegítimos.
Asimismo, desde organizaciones sociales y de derechos humanos solicitaron que para el protocolo definitivo se incluya la presencia de representantes de la sociedad civil en el PMU. Adicionalmente, la Veeduría de Bogotá afirmó que solo la rama legislativa puede definir cuáles fines son o no legítimos para la realización de actividades y la Alcaldesa de Bogotá, Claudia López, criticó la medida por considerar que, a partir de ahora, los manifestantes deberán “pedir permiso para manifestarse”.
Denuncian espionaje ilegal a las organizaciones sociales a través de la Ley de Agentes Extranjeros
Nicaragua
Impacto | Negativo
Probabilidad | Alta
Rating Civicus | Reprimido
El 30 de octubre, representantes de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) de Nicaragua y la Organización Víctimas de Abril (OVA) presentaron ante el Tribunal Supremo de Nicaragua un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros que limita la acción de las organizaciones que reciben financiamiento internacional. Según estas organizaciones, esta política afecta la independencia y la autodeterminación de la ciudadanía, ya que se vulneran las vías de financiamiento para asistir a presos políticos y víctimas de la represión estatal.
Esta normativa había sido impulsada por la bancada oficialista del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en el mes de septiembre y promulgada por el Presidente de Nicaragua, Daniel Ortega el 19 de octubre pasado. La regulación obliga a todas las entidades, fundaciones y asociaciones que reciban fondos del exterior a registrarse como “agentes extranjeros”.
Además, cada vez que reciban una oferta de fondos, estarán obligadas a informar al Ministerio de Gobernación en qué actividades serán utilizados y a rendir los gastos, pagos y contrataciones que de ellas provengan. Además establece que si no se cumple el Ministerio podrá sancionar con multas o cancelar la personería jurídica. Desde 2018, el gobierno nicaragüense anuló la personería jurídica de 10 organizaciones de la sociedad civil sin respetar las garantías del debido proceso. Se espera que el Tribunal Supremo se expida sobre esta materia en el mediano plazo.
El Congreso avanza en una propuesta para eliminar la difusión de contenidos audiovisuales sin orden judicial
Uruguay
Impacto | Negativo
Probabilidad | Alta
Rating Civicus | Abierto
El Presupuesto 2020-2024 avanza en el Senado. Ya cuenta con la aprobación de Diputados y se espera que la iniciativa se convierta en ley a fines de noviembre. Además de dar cuenta de los gastos e ingresos del Estado para dicho período, el proyecto contempla ampliar las facultades de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones. De aprobarse su redacción actual, este organismo tendrá la facultad de eliminar contenido en línea sin la intervención de una autoridad independiente que analice otros elementos probatorios más allá de los presentados por el denunciante. Actualmente el proyecto de Presupuesto está siendo estudiado en la Comisión Hacienda del Senado.
En una carta presentada ante el Congreso, 20 organizaciones, entre las que se encuentra Amnistía Internacional, advirtieron que el mecanismo propuesto para proteger el derecho de autor es desproporcionado y que implica un riesgo para la vigencia de los derechos fundamentales. La redacción del artículo, además, señala que la implementación de la medida estará sujeta a la posterior reglamentación del Ejecutivo. Desde el Observatorio Latinoamericano de Regulación de Medios y Convergencia (OBSERVACOM) manifiestan que este punto “no puede dejarse a la discrecionalidad de un gobierno”.
Avanza en la Asamblea un proyecto que pena con cadena perpetua los crímenes de odio
Nicaragua
Impacto | Negativo
Probabilidad | Alta
Rating Civicus | Reprimido
El 10 de noviembre, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó en primera legislatura la Iniciativa de Ley que busca reformar el artículo 37 de la Constitución Nacional con el fin de sancionar los crímenes de odio con cadena perpetua. En la actualidad, la pena máxima establecida en el Código Penal vigente es de 30 años. Tanto especialistas en derecho penal como representantes de la oposición temen que, de prosperar, el gobierno pueda ampararse en la figura del crimen del odio para limitar la libertad de expresión y el derecho a la protesta.
Si bien el Código Penal vigente no tipifica los crímenes de odio (acciones violentas y de discriminación por motivos de religión, género u orientación sexual, entre otras), considera a la discriminación ideológica o política como circunstancia que agrava la responsabilidad penal. En caso de que esta iniciativa sea aprobada, se aplicará la cadena perpetua a quienes cometan delitos graves “en circunstancias de odio, crueles, degradantes, humillantes e inhumanas, que por su impacto causen conmoción, rechazo, indignación o repugnancia en la comunidad nacional”.
La normativa había sido aprobada por la Comisión Especial de Carácter Constitucional el 4 de noviembre pasado. Por tratarse de una reforma constitucional, para ser implementada por el Ejecutivo, la iniciativa deberá volver a tratarse el año que viene con la composición de la nueva legislatura que iniciará en enero del 2021.
Guatemala: Giammattei restringe la creación de organizaciones que estén a favor del aborto
Guatemala
Impacto | Negativo
Rating Civicus | Obstruido
Organizaciones de la sociedad civil denunciaron a través de un comunicado “la arbitrariedad en las acciones que debilitan la democracia y vulneran los derechos de asociación y organización”. El Ejecutivo justificó su accionar aludiendo a una inconveniencia de la organización con los intereses del Estado. Y es que Planned Parenthood, una organización que busca proveer información y recursos sobre la salud reproductiva tanto a mujeres como hombres, tiene una postura a favor del aborto como medida para terminar un embarazo.
Giammattei, desde su cuenta de Twitter, declaró que no avalaría “la creación, inscripción o puesta en marcha de cualquier organización que vaya en contra de la vida”. Planned Parenthood había sido autorizada para operar en territorio guatemalteco porque cumplía con los requisitos establecidos por ley y había obtenido el visto bueno tanto de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Gobernación como de la Procuraduría General de la Nación.
Voces de la Sociedad Civil
INTERVOZES – BRASIL
Olivia Bandeira – Coordinadora Ejecutiva
En el marco de un evento para analizar un documento con recomendaciones de la sociedad civil de cara al uso y acceso a las plataformas de tecnología de la información y comunicaciones, Olivia Bandeira, coordinador ejecutiva de Intevozes señaló la importancia de defender “un modelo de internet democratico, libre y abierto” que entienda la “necesidad de garantizar la libertad de expresión frente al modelo actual de internet”. A su vez, resaltó la importancia de promover una “regulación para proteger la libertad de expresión y la no discrminicación frente a la moderación privada de contenidos que las plataformas hacen sin ningún control público, sin transparencia”.
27/11/2020
FUSADES – EL SALVADOR
Javier Castro – Director de Estudios Legales
“En los más de 7 años de existir del IAIP, no se habían vistos los niveles de retroceso que son notorios actualmente, dejando desprotegido al derecho de acceso a la información. Ojalá que el IAIP retome el rumbo de velar por la máxima publicidad y cumpla su rol de ente garante”. Javier Castro, director de Estudios Legales, de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades), a través de Twitter. La declaración fue realizada en relación con los problemas que hay en El Salvador con respecto a las denuncias por violaciones al derecho al acceso a la información pública por parte de los comisionados nombrados por el gobierno a la IAIP
10/11/2020
Informacion de Interés
Nicaragua
La CIDH emitió el 2 de noviembre una resolución, mediante la cual otorgó medidas cautelares de protección a favor de 41 personas que se encuentran privadas de su libertad por motivos políticos, tras considerar que se encuentran en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos por falta de atención médica:
https://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2020/266.asp
Documentos de Directorio Legislativo
#DetectemosLoDemás
Una campaña que busca visibilizar las barreras que las mujeres atraviesan en el diagnóstico y tratamiento de cáncer de mama
Imagen del Poder - Poder de la Imagen
Reporte de imagen e influencia presidencial en América Latina. Sep/Oct 2020
Fortalecemos las democracias en América Latina
Somos una organización apartidaria e independiente que desde hace 10 años promueve la constitución de espacios autónomos, flexibles, democráticos e independientes, a través del diálogo con diversos actores del sector público, privado, académico y de la sociedad civil.
El punto de partida de nuestro trabajo surge del reconocimiento y valoración de la pluralidad política y social de América Latina.
Fundación Directorio Legislativo
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