El 6 de noviembre el Presidente Juan Orlando Hernández creó por decreto la Secretaría de Transparencia, una entidad dentro de la órbita del Poder Ejecutivo habilitada para tomar denuncias de la ciudadanía e investigar supuestos actos de corrupción en la administración pública. Desde la sociedad civil y el Instituto de Acceso a la Información Pública advirtieron que el decreto sería violatorio del artículo 3 de la Ley General de Administración Pública, ya que las funciones de la Secretaría duplicarían las facultades que actualmente ostentan el Ministerio Público y el Tribunal de Cuentas. Por otro lado, el decreto también constituye el Consejo Nacional de Transparencia y Rendición de Cuentas (CNT), una entidad integrada por el gobierno, la sociedad civil, el sector privado y la academia. Diversas organizaciones sociales acusaron al Ejecutivo de intentar conformar una institución paralela al Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), una instancia civil de lucha contra la corrupción.