El 9 de febrero el Presidente de El Salvador, Nayib Bukele, llamó a la ciudadanía a movilizarse a las puertas del palacio legislativo con el fin de presionar a los diputados para que aprueben un préstamo internacional necesario para financiar su plan de control territorial. Bukele apeló para esto al “derecho del pueblo a la insurrección” que la Constitución reconoce solo para casos de violaciones graves de las normas relativas a la forma de gobierno o el sistema político. Luego de que la sesión prevista para ese día fracasara por falta de quorum, el Presidente acusó a los legisladores ausentes de “desacato constitucional” y les dio un ultimatum de una semana para aprobar el préstamo.