A pocos días de su asunción como presidente el 14 de enero, Alejandro Giammattei presentó al Congreso un proyecto para que las acciones que amenacen el orden social, la integridad de las personas o el patrimonio sean tratadas como actos terroristas. A esta propuesta, se suma otra que busca reconocer el derecho de legítima defensa en respuesta a una agresión ilegal o no provocada. De aprobarse, las fuerzas de seguridad podrán ampararse en esta normativa para justificar el uso de la fuerza y la represión contra manifestantes. Ambos proyectos son considerados prioritarios para el gobierno.