En el mes de mayo una comitiva de la ONU visitó el país para avanzar con las tratativas para la instalación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Honduras (CICIH). A diferencia de su antecesora, la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), que reunía información y la remitía a la unidad fiscal correspondiente para que a su vez esta la elevara a la justicia, la nueva institución se encargará de investigar por cuenta propia y podrá denunciar los casos de corrupción ante los tribunales locales. 

El gobierno también facultó a la Unidad Fiscal Especializada contra Redes de Corrupción (UFERCO) para actuar penalmente contra actores del sector público y privado en casos de corrupción política. Sin embargo, la coordinadora residente de la ONU, Alice Shackleford, destacó que la CICIH podría encontrar obstáculos si no se modifican las leyes que regulan – y en algunos casos limitan incluso – la lucha contra la corrupción, en particular, la definición de delito político de la recientemente aprobada Ley de Amnistía y los artículos del Código Penal relativos a los delitos de corrupción.

Desde el gobierno expresaron confianza en que se darán las condiciones óptimas para la instalación de la CICIH, que se espera entre en funciones a fines de 2022 y tenga un mandato que se extienda por, al menos, dos períodos presidenciales. El sector privado representado a través del  Consejo Empresarial también expresó su apoyo.