El 21 de junio la Asamblea Legislativa, controlada por el oficialismo, aprobó una tercera prórroga al estado de excepción, nuevamente con fundamento en la grave conmoción interna causada por los grupos pandilleros. De esta forma los derechos constitucionales de asociación y reunión seguirán suspendidos, las fuerzas de seguridad mantendrán las facultades extraordinarias que le fueron otorgadas y se extenderá también el régimen especial transitorio de adquisición de bienes y servicios públicos hasta el 25  de julio. El presidente Nayib Bukele aseguró que está cerca de “ganar la guerra contra las pandillas”, tras hacer público que ya han sido detenidos 40.000 mareros.

Días después de la segunda prórroga al régimen de excepción en mayo, la Asamblea aprobó nuevas partidas presupuestarias para la Fiscalía General destinadas a la adquisición de una plataforma tecnológica que le permitiría adquirir información en corto tiempo sobre actividades ilícitas. Esto despertó inquietud en la opinión pública ante la posibilidad de que sea utilizada para el espionaje arbitrario de disidentes como ocurrió hace pocos meses cuando tomó estado público el uso que el Estado estaba haciendo del software Pegasus. 

En paralelo, la Comisión de Justicia está estudiando una iniciativa para reformar la ley que regula los procesos por los cuales se concede la amnistía, el indulto o la conmutación ante la comisión de un delito. La reforma afectaría el derecho de los pandilleros a acceder a ser liberados por esta vía, así como también el de funcionarios y ex-funcionarios que hayan cometido delitos valiéndose de sus cargos. La medida podría ser aprobada en el corto plazo.