Una herramienta de Directorio Legislativo para monitorear
las regulaciones que puedan afectar el espacio cívico
en América Latina y el Caribe.
Fundación Directorio Legislativo | Agosto 2020
Sobre Civic Space Guardian (CSG)
Civic Space Guardian (CSG) es una herramienta diseñada por Directorio Legislativo para monitorear las regulaciones que puedan afectar el espacio cívico en América Latina y el Caribe, tanto en sentido positivo como negativo.
El monitoreo incluye temas vinculados a la libertad de expresión, de reunión, de asociación, de participación, al acceso a la información pública y regulaciones tributarias o burocráticas para el funcionamiento de las organizaciones de la sociedad civil.
CSG llega a sus lectores a través de un boletín mensual.
Oposición y periodistas advierten sobre amenaza a la libertad de expresión en un proyecto de reforma judicial
Argentina
Impacto | Negativo
Probabilidad | Media
Rating CIVICUS | Limitado
El jueves 20 de agosto, las Comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia del Senado dictaminaron a favor de un proyecto de reforma del sistema de justicia federal impulsado por el gobierno que incluye reglas de actuación para magistrados a fin de evitar interferencias o favoritismos. Durante la discusión legislativa, el bloque oficialista Frente de Todos incorporó una cláusula que obliga a los jueces a denunciar ante el Consejo de la Magistratura cualquier presión o intento de ejercer influencia por parte del “poder mediático”. Esta modificación fue cuestionada duramente por organizaciones de periodistas y por miembros de la oposición que la calificaron como un “ataque directo” a la libertad de expresión
Freno al proyecto que obliga a legisladores y funcionarios a publicar sus declaraciones de interés
Paraguay
Impacto | Negativo
Probabilidad | Media
Rating Civicus | Obstruido
El 5 de agosto, la Cámara de Diputados rechazó un proyecto de ley impulsado por el oficialismo para obligar a legisladores y funcionarios a publicar sus declaraciones juradas de intereses con empresas del sector privado en la página web de la Contraloría General. Según explicó el legislador Derlis Maidana, el texto es ambiguo y no define claramente qué se entiende por conflicto de interés. Los diputados concluyeron así que es necesario subsanar las imprecisiones y establecer sanciones penales ante eventuales incumplimientos. Sin embargo, no introdujeron modificaciones para su mejora. Ahora el proyecto, que de no haber sido rechazado ya sería ley, deberá ser tratado nuevamente por la Comisión de Legislación del Senado. Se estima que esto podría ocurrir entre agosto y septiembre. Desde la sociedad civil, advirtieron que para avanzar en un proceso de más transparencia, se necesita también un sistema de justicia comprometido con la lucha contra la corrupción.
El gobierno presentó un portal para la transparencia fiscal de las OSC
Guatemala
Impacto | Positivo
Rating Civicus | Obstruido
En julio, el gobierno guatemalteco lanzó el Portal de las ONGs, una plataforma digital con información fiscal sobre transferencias de fondos públicos con destino a organizaciones sociales. La iniciativa se enmarca en el Plan Nacional de Innovación, cuyos objetivos declarados incluyen la mejora en el acceso a la información pública por parte de la ciudadanía a través de su digitalización y fiscalización. El portal ya se encuentra habilitado en el sitio web del Ministerio de Finanzas Públicas, y cuenta con datos sobre 270 organizaciones sociales que reciben fondos estatales para el desarrollo de sus actividades, fondos otorgados y desembolsados en los ejercicios fiscales 2016-2020. El usuario puede acceder también a información sobre los avances físicos y financieros que las organizaciones realizan en cumplimiento de los compromisos asumidos. En el lanzamiento, el presidente Alejandro Giammattei declaró que “todos tenemos el derecho a […] conocer con exactitud que los fondos que se están dando se materialicen en los objetivos para los cuales se están dando y no haya desviación en el camino hacia otros fines”. Más allá de las intenciones declaradas, algunas organizaciones han advertido que el acceso a fondos públicos no es equitativo.
Organizaciones sociales cuestionan la nueva agencia pública de cooperación internacional
El Salvador
Impacto | Negativo
Rating Civicus | Obstruido
Organizaciones y representantes de la sociedad civil salvadoreña expresaron su preocupación ante la creación de una agencia pública para la cooperación internacional que centralizará los canales y oportunidades de acceso a fondos bajo el control directo del gobierno. En relación a la medida, que fue oficializada en junio por medio de un decreto, el presidente afirmó que el organismo va a garantizar que la gestión de los fondos no se vea influenciada por criterios ideológico-políticos. Sin embargo, las voces críticas advierten que podría ocurrir precisamente lo opuesto, dada la falta de lineamientos claros sobre la articulación entre fuentes y beneficiarios, las prioridades en la asignación y el rol de las organizaciones sociales. En particular, genera preocupación que esta plataforma sea utilizada por el gobierno para limitar el acceso de las organizaciones sociales a las fuentes de financiamiento internacional. También observan que la estrategia de unificar las vías de cooperación internacional bajo una agencia directamente vinculada con el presidente de turno la vuelve incompatible con los principios de ayuda internacional delineados en la Declaración de París de 2005.
Se podrá penar con prisión a quienes mantengan reuniones en domicilios particulares
Argentina
Impacto | Negativo
Rating Civicus | Limitado
Mientras el número de casos de COVID-19 crece en todo el país, el gobierno decidió prohibir por decreto las reuniones sociales y familiares en espacios privados y domicilios particulares durante dos semanas, con penas por incumplimiento que van de los 15 días a los dos años de prisión. El decreto generó críticas de representantes del arco político opositor y de la sociedad civil sobre su oportunidad y proporcionalidad, a casi 5 meses del inicio de las medidas de aislamiento social obligatorio. Su constitucionalidad también fue puesta en entredicho por distintos expertos que entienden que el decreto viola el derecho a la privacidad y regula en materia penal, algo que está expresamente prohibido por la Constitución Nacional aún en circunstancias de necesidad y urgencia. El decreto asimila el incumplimiento de la prohibición al delito contra la salud pública, es decir, el que se comete al violar las medidas dispuestas por la autoridad pública para la prevención de una epidemia, con penas de hasta dos años de prisión. Si bien el decreto deberá someterse a control legislativo, también cuestionaron que la medida se haya aprobado por vía ejecutiva y no en el Congreso de la Nación.
La Corte anuló un decreto por imponer medidas sanitarias que suspenden derechos fundamentales
El Salvador
Impacto | Negativo
Rating Civicus | Obstruido
La Corte Suprema volvió a pronunciarse sobre las medidas de gobierno que restringen los derechos de la ciudadanía en el contexto de la pandemia, argumentando que cualquier suspensión o limitación de derechos es una facultad de la Asamblea Legislativa. Lo hizo a través de la anulación del Decreto 32 del 29 de julio que definía un plan en fases para la reapertura económica y definía protocolos sanitarios con restricciones a la circulación y el derecho de reunión. En su voto particular, el juez Aldo Cámer Camillot presentó ejemplos hipotéticos para mostrar la diferencia entre regular, suspender o limitar un derecho. El máximo tribunal también declaró que los decretos ejecutivos que tengan esta naturaleza son inconstitucionales y, por ende, carecen de peso jurídico. Pese a la anulación, la norma en cuestión estará vigente hasta el 24 de agosto, de forma tal que gobierno y Asamblea cuenten con un plazo para dialogar sobre la administración de la cuarentena en el país. No es la primera vez que la Corte apela a un acuerdo entre los dos poderes que, de no concretarse, legalmente supondría el levantamiento de las restricciones a la circulación. Ver noticias anteriores: CSG 8, CSG 7, CSG 6.
Los organismos de inteligencia ya no podrán participar en investigaciones criminales
Argentina
Impacto | Positivo
Rating Civicus | Limitado
Mientras avanza una causa por presuntas maniobras de espionaje ilegal durante el gobierno del ex presidente Mauricio Macri, el Senado avaló un decreto de marzo que modifica la Ley 25.520 de Inteligencia Nacional al prohibir que los organismos de inteligencia actúen como auxiliares de la justicia, realicen tareas represivas o cumplan funciones policiales. Tampoco podrán obtener información, producir inteligencia o almacenar datos personales en base a su raza, religión, opinión política, pertenencia a organizaciones o realización de actividades lícitas. Antes de su modificación la ley habilitaba a los agentes a realizar funciones policiales o investigativas ante el requerimiento del juez en el marco de una causa judicial. El gobierno sostiene que esta situación terminó favoreciendo vínculos indebidos entre los organismos de inteligencia y algunos sectores del sistema de justicia, y comprometiendo la independencia judicial. La causa judicial en curso investiga la presunta producción de inteligencia ilegal contra unas 500 personas, entre las que se encuentran periodistas, políticos, empresarios y miembros de la sociedad civil.
Voces de la Sociedad Civil
GUATEMALA
[Sobre el portal de transparencia fiscal de las ONGs]: “Si bien a principios de este año se trató de reformar la Ley de ONGs para crear controles inconstitucionales e ilegales en todas las organizaciones, el portal es un paso importante para fiscalizar a aquellas organizaciones que por muchos años se han creado para beneficiar a ciertos políticos y sectores de la sociedad. El portal busca transparentar a las organizaciones que reciben y manejan fondos públicos, todas ellas sujetos obligados por la Ley de Acceso a la Información Pública, pero con altos niveles de incumplimiento. Por tal razón, vemos con buenos ojos este esfuerzo”.
Acción Ciudadana
19/08/2020
Información de Interés
Nicaragua
El 19 de julio, relatores de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitaron al Presidente Daniel Ortega que dé explicaciones sobre las denuncias por violación a los derechos humanos de periodistas y miembros de la prensa independiente. En el reclamo hacen referencia a actos de intimidación, agresión y encarcelación de periodistas y a la retención de papel prensa que afecta a medios de comunicación opositores.
También manifestaron preocupación por la situación de impunidad en la que permanecen en la que permanecen los casos de violación de derechos humanos ocurridas en 2018 a raíz de la Ley de Amnistía sancionada en 2019. En la misma línea, el Foro de Prensa Independiente de Nicaragua exhortó al gobierno a través de un comunicado a cesar las agresiones y amenazas de agentes oficiales contra los trabajadores de prensa.
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