El jueves 20 de agosto, las Comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia del Senado dictaminaron a favor de un proyecto de reforma del sistema de justicia federal impulsado por el gobierno que incluye reglas de actuación para magistrados a fin de evitar interferencias o favoritismos. Durante la discusión legislativa, el bloque oficialista Frente de Todos incorporó una cláusula que obliga a los jueces a denunciar ante el Consejo de la Magistratura cualquier presión o intento de ejercer influencia por parte del “poder mediático”. Esta modificación fue cuestionada duramente por organizaciones de periodistas y por miembros de la oposición que la calificaron como un “ataque directo” a la libertad de expresión