Mientras el número de casos de COVID-19 crece en todo el país, el gobierno decidió prohibir por decreto las reuniones sociales y familiares en espacios privados y domicilios particulares durante dos semanas, con penas por incumplimiento que van de los 15 días a los dos años de prisión. El decreto generó críticas de representantes del arco político opositor y de la sociedad civil sobre su oportunidad y proporcionalidad, a casi 5 meses del inicio de las medidas de aislamiento social obligatorio. Su constitucionalidad también fue puesta en entredicho por distintos expertos que entienden que el decreto viola el derecho a la privacidad y regula en materia penal, algo que está expresamente prohibido por la Constitución Nacional aún en circunstancias de necesidad y urgencia. El decreto asimila el incumplimiento de la prohibición al delito contra la salud pública, es decir, el que se comete al violar las medidas dispuestas por la autoridad pública para la prevención de una epidemia, con penas de hasta dos años de prisión. Si bien el decreto deberá someterse a control legislativo, también cuestionaron que la medida se haya aprobado por vía ejecutiva y no en el Congreso de la Nación.