El 2 de febrero el pleno de la Asamblea Legislativa devolvió a comisión el proyecto  de reforma de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) debido a que al menos cinco diputados de la bancada oficialista de Nuevas Ideas -incluido el presidente de la Asamblea-  decidieron frenar la iniciativa tras evaluar el costo político que la misma supondría. La LAIP fue aprobada en 2011 como resultado de un amplio consenso de los partidos políticos en colaboración con la sociedad civil. Gracias a los altos estándares que la norma fijaba en lo relativo a garantías, procedimientos y alcances, El Salvador llegó a figurar en el puesto 11 a nivel mundial en el índice de Derecho de Acceso a la Información del CLD (RTI Rating por sus siglas en inglés).

La reforma de la ley ha estado en la mira del gobierno desde julio de 2021, cuando el ministro de Gobernación, Juan Carlos Bidegain, introdujo el proyecto a la Asamblea. Esto es un hito más en la seguidilla de retrocesos en materia de transparencia que vienen registrándose desde la llegada de Bukele a la presidencia. Entre otros puntos, destacan las restricciones al acceso a información pública sobre el manejo de la pandemia de COVID-19, las iniciativas de ley presentadas en la Asamblea o el proyecto de Presupuesto General para el 2022. 

¿Qué cambiaría si la reforma fuera aprobada? 1) se ampliaría la capacidad del gobierno para poner bajo reserva información que hasta ahora los organismos debían publicar en forma oficiosa como, por ejemplo, la declaración patrimonial y las remuneraciones de los/as funcionarios/as públicos/as o contratos públicos; 2) se obstaculizaría el acceso a la información por parte de la ciudadanía al ampliar los plazos de respuesta y modificar el proceso ante casos de apelación; 3) la designación de los comisionados pasaría a estar reglamentada por el poder ejecutivo, eliminando las salvaguardias existentes para evitar nombramientos discrecionales; 4) se ampliarían las atribuciones del presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), el cual podría prescindir del aval del resto de los comisionados.

En este contexto de incertidumbre, el 5 de febrero, la comisionada del Instituto de Acceso a la Información Pública, Claudia Escobar, fue removida de su cargo, del cual se encontraba suspendida desde abril de 2021 luego de denunciar que el presidente Nayib Bukele estaba socavando la independencia del ente y nombrando autoridades afines.