El 13 de octubre, el presidente Sebastián Piñera declaró el estado de excepción constitucional por emergencia durante 15 días en las regiones del Biobío (provincias de Biobío y Arauco) y de La Araucanía (provincias de Malleco y Cautín), ante la “grave alteración del orden público” atribuida a las protestas de comuneros mapuches. Con esto, habilitó el despliegue de las Fuerzas Armadas, pese al rechazo local y de la oposición. La medida fue prorrogada por igual término a partir del 27 de octubre.

En conferencia de prensa, Piñera explicó que su decisión se debía a los “graves y reiterados hechos de violencia vinculados al narcotráfico, al terrorismo y al crimen organizado” en zonas del sur de Chile durante las semanas previas al primer decreto. A ello agregó imputaciones y calificaciones penales graves a la protesta mapuche. 

El artículo 42 de la Constitución dispone que las zonas alcanzadas por la declaración quedarán a cargo de los jefes de Defensa Nacional designados por el presidente. En este caso, se trata del almirante de la Armada Jorge Parga y el general de Ejército Lionel Curvi, de acuerdo a lo informado por el ministro del Interior, Rodrigo Delgado. El Poder Ejecutivo está obligado a informar al Congreso Nacional de las medidas adoptadas en el marco del estado de emergencia. Además, requerirá de su acuerdo para extender la declaración, una vez finalizado el plazo vigente.