El 18 de octubre el presidente Guillermo Lasso decretó el estado de excepción durante 60 días, según los motivos alegados, como respuesta ante el aumento significativo de la violencia relacionada con la actividad delictiva y el tráfico de drogas. La medida lo faculta a tomar acciones inmediatas como el despliegue de las Fuerzas Armadas en todo el país con el respaldo de la Policía Nacional. En este escenario, el mandatario también anunció la creación de la Unidad de Defensa Legal de la Fuerza Pública, que tiene por objetivo brindar apoyo a los efectivos en operaciones contra la delincuencia. 

Según la norma, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional podrán efectuar controles de armas, inspecciones, patrullajes, arrestos, requisas, entre otras acciones. Si bien la medida permite a la policía y a los militares restringir la libertad de movimiento, reunión y asociación, no se prohíbe la realización de manifestaciones o movilizaciones ciudadanas. En la práctica, sin embargo, se indicó que no habrá tolerancia a los “desmanes”. 

Lasso también anunció la creación de la Unidad de Defensa Legal de la Fuerza Pública mediante la cual se otorgará asesoría y protección a los miembros de estos cuerpos frente a demandas presentadas por cumplir con su labor. Además, anunció que enviará a la Asamblea Nacional un proyecto de ley de “Defensa del Deber de la Fuerza Pública”, con el fin de respaldar a los agentes de las fuerzas de seguridad en el ejercicio de su labor. En palabras del presidente, “nuestros jueces deben garantizar la paz y el orden, no la impunidad y el crimen”. 

El decreto se encuentra en estos momentos sometido a un control de constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional de Ecuador. En primer lugar, según el artículo 164 de la Constitución, la declaratoria debe precisar los derechos temporalmente restringidos, lo que en este caso no se ha verificado. 

En segundo lugar, se ha puesto en tela de juicio la utilización que el gobierno está haciendo de las Fuerzas Armadas. Tras el reemplazo de Fernando Donoso por Luis Hernandez al frente del Ministerio de Defensa pocas horas antes de la publicación del decreto, la OSC local Alianza por los Derechos Humanos cuestionó la decisión del presidente y del flamante ministro de disponer su despliegue para resguardar el orden interior. Sobre estos asuntos el CC deberá expedirse, ya sea dando un dictamen favorable, modificando artículos o declarando su inconstitucionalidad.