La fecha de entrada en vigencia de la reforma fue anunciada por la Corte de Constitucionalidad (CC) tras un fallo del 14 de junio en el que rechazó la solicitud de aclaración y ampliación planteada por la Fundación Myrna Mack. Este era el último recurso que quedaba pendiente. La ley permite al gobierno disolver a aquellas ONGs que “alteren el orden público”.  

Las organizaciones locales Alianza por las Reformas y Acción Ciudadana presentaron un recurso de inconstitucionalidad en el que argumentan que la norma “establece procedimientos sumarios que permiten al gobierno cancelar de forma discrecional a las organizaciones no gubernamentales” y “limita el libre ejercicio del derecho de asociación”. La Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) presentó otro recurso en el mismo sentido. 

Los alcances de la ley fueron rechazadas por Human Rights Watch, e inclusive por el gobierno de los Estados Unidos durante la reciente visita al país de la vicepresidenta Kamala Harris. Expertos de Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos (OEA) sostienen que las disposiciones “podrían utilizarse para criminalizar a los defensores de los derechos humanos y a la sociedad civil en general”. 

Si las demandas no prosperan, las organizaciones ya anticiparon que recurrirán a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.