El 14 de febrero, la Plataforma Nicaragüense de Redes de ONG – compuesta por alrededor de 100 organizaciones – instó en un comunicado a que la Corte Suprema resuelva los recursos por inconstitucionalidad contra la Ley de Agentes Extranjeros antes del 9 de marzo. La Plataforma denunció que la ley y su reglamentación abren la puerta a un control discrecional de las organizaciones de la sociedad civil al habilitar el bloqueo de donaciones y fuentes de financiamiento internacional, dificultar la apertura de cuentas bancarias y exigir la presentación de informes diarios de operaciones. 

El llamado sucede luego de que la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH), defensora de los derechos humanos y la libertad de expresión, anunciara a principios de mes el cese de operaciones debido a su negativa a someterse a la Ley. Su fundadora, Cristiana Chamorro, declaró al respecto que la norma es una “clara manipulación que persigue paralizar el funcionamiento de organismos que el Gobierno considera contrario a sus lineamientos” y se mostró confiada en que más organizaciones la secundarán en la resistencia. Por su parte, la Plataforma Nicaragüense aseguró que continuarán “denunciando y documentando las violaciones al Derecho de asociación en Nicaragua”.