A finales de enero, la Asamblea analizó el veto parcial enviado por el Poder Ejecutivo a la reforma a la Ley de Comunicación impulsada por el gobierno que declara que la comunicación en Ecuador es un derecho humano y no un servicio público. En su nota, el presidente Lenin Moreno señaló que existen nuevas tecnologías para comunicar información que no se limitan a los medios tradicionales y propuso la inclusión de las plataformas digitales. 

Para el poder ejecutivo, definir a los “medios de comunicación” en función de la forma de organización, supone ignorar la existencia de otros mecanismos de difusión de información que no realizan esta actividad a través de asociaciones u organizaciones, sino que lo hacen de manera individual. 

Los y las asambleístas rechazaron el planteo y ratificaron la reforma tal como fue aprobada en diciembre, al considerar que la inclusión de las plataformas digitales permitiría eventualmente al Estado limitar, restringir y prohibir de manera directa o indirecta la libertad de pensamiento y de expresión. También declararon que el veto no haría más que rehabilitar el “retroceso de derechos con mecanismos de censura”, habilitado por la ley original del año 2013.