El 16 de abril, el presidente Andrés Manuel López Obrador promulgó un decreto aprobado por el Congreso por el cual se crea un Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil; en otros términos, una base de datos con información personal que se utilizará para combatir delitos, como la extorsión y el secuestro. Los concesionarios de los servicios de telecomunicaciones, serán los encargados de recolectar y registrar la información sobre la identidad, datos biométricos y domicilio del usuario en un plazo de dos años a partir de su publicación.

A las personas que no cumplan con la entrega de la información, se les podrá cancelar la prestación del servicio relacionado con la línea telefónica móvil, sin derecho a reactivación, pago o indemnización alguna.

La exigencia de proveer datos personales y, particularmente, datos biométricos para poder conservar una línea celular implica que cualquier filtración dejaría al descubierto información personal única, como lo son las huellas digitales, que no pueden ser luego modificadas o restituidas. 

Mientras el proyecto se encontraba en discusión, la Red en Defensa de los Derechos Digitales planteó su preocupación ante el Senado, advirtiendo que una base de datos de esta naturaleza constituye un serio riesgo para la privacidad y seguridad de la ciudadanía. Esto se agrava porque además la base crea “un punto único de falla altamente atractivo a ataques informáticos”.

El rechazo a la medida tiene otro antecedente: un Registro Nacional de Usuarios de Telecomunicaciones (RENAUT), también creado con el propósito de combatir la criminalidad, que tuvo que ser posteriormente eliminado por filtraciones de información de su base de datos.