A finales de noviembre se dio a conocer una resolución conjunta del Ministerio de Relaciones Exteriores y del Interior que obliga a las organizaciones no gubernamentales extranjeras que desean trabajar en el país, a inscribirse en un registro especial, establecer una residencia permanente dentro de Venezuela y designar un representante. 

Según la normativa, el objetivo es “vigilar y prevenir el fomento y desarrollo de cualquier actividad ilícita”, lo cual ha sido señalado por la sociedad civil como una justificación para la persecución y la restricción al trabajo y financiamiento de las ONGs. Las denuncias se enmarcan en el hostigamiento a las organizaciones “Caracas mi Convive” y “Alimenta la Solidaridad”, cuyas cuentas bancarias fueron congeladas por el gobierno por presuntos lavado de activos. 

Las restricciones a las ONGs podrían agravarse a partir del próximo 5 de enero, fecha en la que asumirá la nueva Asamblea Nacional (AN). Declaraciones recientes del presidente de la Asamblea Nacional Constituyente y diputado electo de la AN, Diosdado Cabello, sugieren que el gobierno podría impulsar una nueva ley para regular o prohibir el financiamiento de OSCs que “fomenten el terrorismo”.

Ante esto, el 18 de diciembre la ONU instó a la nueva AN a elaborar normativas que protejan a las OSCs y a abolir la polémica “Ley contra el Odio, para la Convivencia Pacífica y la Tolerancia”, que ha sido sistemáticamente utilizada para censurar a críticos del gobierno. Según la ONU, “Venezuela debe dejar de intentar controlar a las OSCs y de estigmatizar públicamente a sus líderes”.