El 12 de noviembre, la Comisión de Transparencia recomendó al Pleno del Congreso la aprobación de una iniciativa para crear un órgano autónomo especializado en la protección del derecho de acceso a la información vinculado al Congreso. Esta recomendación constituye el primer hito en el trayecto legislativo de la iniciativa. Si bien el proyecto está en condiciones de ser debatido por los legisladores de la cámara, se prevé que su tratamiento en esa instancia suceda en el transcurso de 2021.

La iniciativa en cuestión fue presentada en junio por el legislador José Alejandro De León Maldonado (Podemos), y tiene la finalidad de crear una Oficina Nacional de Acceso a la Información Pública siguiendo como referencia el modelo de la Asamblea de la Organización de Estados Americanos (OEA). Sin embargo, la redacción impulsada por De León Maldonado prevé que los principales directivos sean designados por el Congreso, lo que ha fomentado las críticas de diversos funcionarios y organizaciones de la sociedad civil por el impacto negativo que podría conllevar sobre la independencia institucional. De acuerdo con la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG), “la creación de esta nueva oficina tendría un doble objetivo: restringir el acceso a la información pública y utilizarla como un botín político”. Por su parte, el vicepresidente Guillermo Castillo también se pronunció en contra del avance de esta iniciativa, argumentando que “ninguno de los 3 poderes del Estado debe tomar decisiones sobre su funcionamiento”.

Aunque los impulsores del proyecto expresaron su intención de lograr los consensos necesarios para aprobar la ley a la brevedad, los temas que componen actualmente la agenda legislativa del pleno han demostrado ser fuente de conflicto, generando así una situación de bloqueo de la labor legislativa de la cámara. En función de esta situación, se espera que el tratamiento de este articulado quede relegado para 2021.