Entre el 29 y el 30 de junio, el Congreso mexicano sancionó un conjunto de reformas a la Ley Federal del Derecho de Autor y al Código Penal Federal que se requerían como condición para la entrada en vigencia el 1 de julio del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC). Si bien los cambios apuntan a proteger las creaciones intelectuales de usos no autorizados, desde la sociedad civil se advirtió que el mecanismo de “notificación y retirada” podría ser utilizado como instrumento de censura digital y violación de la libertad de expresión por parte del Estado. De acuerdo a lo indicado por las organizaciones denunciantes, este mecanismo obliga a los proveedores de servicios de internet a retirar del dominio público cualquier publicación o contenido cuando una persona alegue que sus derechos de autor han sido violados, sin necesidad de aportar pruebas ni de obtener una orden judicial.