El 25 de marzo la presidenta interina Jeanine Añez autorizó por decreto a las Fuerzas Armadas y a la Policía a aplicar medidas coercitivas con el fin de asegurar el mantenimiento del orden público. Por su parte, el Ministro de Gobierno Arturo Murillo comunicó que había ordenado a las fuerzas de seguridad la realización de “ciberpatrullajes”, es decir, el control de redes sociales y de personas que causen desinformación o incertidumbre a la población, en alusión a referentes de la oposición. Según dispone el decreto, estas podrían enfrentar procesos penales por delitos contra la salud pública con penas de 1 a 10 años de prisión. En paralelo, el Tribunal Superior Electoral anunció la postergación por tiempo indeterminado de las elecciones presidenciales, pendientes desde la salida del cargo del presidente Evo Morales en octubre de 2019. Los comicios debían realizarse el 3 de mayo.