El 17 de marzo el presidente Lenin Moreno autorizó a las autoridades públicas a utilizar plataformas satelitales y de telefonía móvil para monitorear la ubicación de personas que no cumplan con la cuarentena o el aislamiento obligatorio. Esta es una de las medidas tomadas en el marco de la declaración del estado de excepción por calamidad pública, que tendrá una vigencia de 60 días. Dos días después de la publicación de la medida, la Corte Constitucional emitió un dictamen en el que, pese a validar la medida, observa que “esta no debe ser un medio para la transgresión de los derechos a la privacidad y a la no discriminación” y exhorta a las autoridades a proteger la información personal e informar a la población sobre el uso de estas herramientas y alcance. Durante el estado de excepción, el Poder Ejecutivo también está habilitado para suspender o limitar la libertad de circulación, de asociación, de reunión y de información.