En un polémico avance sobre los derechos y libertades individuales, el 15 de marzo el presidente Juan Orlando Hernández restringió por decreto las garantías constitucionales vinculadas a la libertad personal, de circulación, de asociación y de reunión, la prohibición de ingreso al domicilio de una persona sin su consentimiento, el respeto a la propiedad privada y la libertad de pensamiento sin censura. En cuanto tomó estado público, la medida fue rechazada por el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en Honduras, la OEA, la CIDH y la Asociación de Medios de Comunicación de Honduras (AMC). El gobierno hondureño respondió a los cuestionamientos con una modificación del decreto que deja sin efecto la restricción a la libertad de expresión y la suspensión de la garantía de que ninguna persona puede ser detenida por más de 24 horas sin orden judicial. Sin embargo, las limitaciones vinculadas al derecho de circulación y reunión fueron extendidas hasta el 19 de abril.