El 17 de enero la presidenta interina, Jeanine Añez, envió al Tribunal Constitucional el veto a la Ley de Cumplimiento de los Derechos Humanos, sancionada por la Asamblea Legislativa el pasado 14 de enero. La norma que Añez pretende vetar prohíbe las detenciones arbitrarias y el hostigamiento judicial, entre otras medidas que impiden el ejercicio de derechos y libertades, por acciones vinculadas a los hechos ocurridos entre octubre y noviembre de 2019 cuando el ex Presidente Evo Morales debió renunciar a su cargo. El Tribunal resolvió que el veto debe ser tratado por el Congreso. Si avanza, afectará aún más el espacio cívico en Bolivia, actualmente restringido.