El Ministerio de Gobernación de Nicaragua dio a conocer en su sitio web a mediados de diciembre una normativa que regula a las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) y les prohíbe “intervenir en asuntos vinculados a políticas partidarias”. La norma obliga al representante legal de la OSC a firmar un acta ante el Departamento de Control de Asociaciones en el que se comprometa explícitamente a no desarrollar proyectos, programas o acciones de tipo político-partidario, directa o indirectamente, como condición para otorgar el registro. El incumplimiento podrá ser sancionado con la intervención administrativa de la organización y la eventual cancelación de la personalidad jurídica. La resolución había sido firmada por el Ministerio el 11 de abril de 2019, pero no se hizo pública a través de medios oficiales hasta 8 meses después.