El 11 de diciembre, el Senado sancionó el “paquete anticrimen” con el que el gobierno buscaba endurecer el Código Penal. Durante su tratamiento en el Congreso, la oposición logró que se eliminaran algunos de sus artículos más restrictivos para el espacio cívico como aquel que eximía de castigo a policías que causaran muertes en situaciones de “miedo justificado, sorpresa o violenta emoción”. La normativa contempla la creación de la figura del “juez de garantías”, responsable de “verificar la legalidad de las investigaciones penales y salvaguardar los derechos individuales”. Pese a esto, y en línea con su retórica de “mano dura” y “tolerancia cero” al delito, el presidente Jair Bolsonaro firmó un indulto que beneficia a policías y militares condenados por delitos culposos cometidos en defensa propia o sin intención, incluso cuando estuvieran fuera de servicio.