Hace décadas que la situación de los pueblos indígenas de Brasil es vista con preocupación por sus condiciones de vida y la falta de un sistema que garantice en forma efectiva sus derechos. Esto podría agravarse si se sanciona un proyecto de reforma del llamado Estatuto del Indio que obtuvo dictamen de comisiones en la Cámara de Diputados el pasado 23 de junio. 

La propuesta busca terminar con la obligación de consultar a estos pueblos sobre cualquier tipo de explotación de sus tierras protegidas y de los recursos naturales que en ellas se encuentren. Ingresada en el Congreso hace 14 años a iniciativa del entonces Diputado por el Partido Social Democrático, Homero Pereira, no registraba movimientos desde 2009. Sin embargo, tras una larga serie de idas y vueltas en el debate en comisiones, fue recientemente retomada e impulsada por el gobierno de Jair Bolsonaro. 

El proyecto de ley apunta a modificar la Ley nº 6001 del año 1973 – el Estatuto del Indio- que regula la situación jurídica de las Comunidades Indígenas en Brasil,  protege su cultura y les garantiza una integración progresiva a la comunidad nacional basada en el respeto de sus costumbres y el reconocimiento de su potestad sobre las tierras ancestrales. 

Detrás del interés de Bolsonaro -quien durante la campaña presidencial de 2016 cuestionó las demandas territoriales de los Pueblos Indígenas- se puede entrever la presión del conglomerado agroindustrial que busca explotar esta porción de terreno protegida por la ley. La iniciativa pone de manifiesto la fragilidad del sistema de garantías para la protección de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas en Brasil, los cuales – a diferencia de lo que ocurre en otros países de la región- no tienen jerarquía constitucional.