El 15 de abril, la Comisión de Constitución y Legislación de la Cámara de Senadores aprobó el proyecto de ley con media sanción que busca modificar el artículo 224 del Código Penal, relacionado con la violación de disposiciones sanitarias. Mediante esta reforma se propone que la persona que viole las disposiciones vigentes para impedir la propagación de una enfermedad epidémica o contagiosa, o su introducción al país, pueda ser castigada con penas de 3 a 24 meses de prisión. El perjuicio a la economía nacional resultante de la violación será considerado como circunstancia agravante.  

El proyecto surge tras la declaración de Emergencia Sanitaria por la pandemia de Covid-19 y las disposiciones impuestas por el gobierno nacional para limitar los contagios. Hasta finales del 2020, Uruguay se había mantenido relativamente indemne a la pandemia. Sin embargo, el aumento exponencial de casos de COVID-19 durante el verano, obligó al gobierno a intensificar las restricciones a la circulación y a la reunión. Actualmente, el país registra números récord negativos por muertes y por contagios. 

El proyecto fue presentado por dos diputados oficialistas en marzo del año pasado. En septiembre del 2020 la Cámara lo aprobó y ahora debe ser analizado en el Senado, donde podría sancionarlo si no hay cambios en el texto.

Referentes del partido político opositor Cabildo Abierto ya adelantaron que no acompañarán esta iniciativa, por entender que es necesario que la ley “determine cuáles son las situaciones en las cuáles se configura el delito de peligro”. De hecho, de forma unánime decidieron proponer modificaciones que aseguren garantías para “no dar un cheque en blanco que permita al Poder Ejecutivo establecer cuáles son los delitos y cuáles no lo son”.