Mientras avanza una causa por presuntas maniobras de espionaje ilegal durante el gobierno del ex presidente Mauricio Macri, el Senado avaló un decreto de marzo que modifica la Ley 25.520 de Inteligencia Nacional al prohibir que los organismos de inteligencia actúen como auxiliares de la justicia, realicen tareas represivas o cumplan funciones policiales. Tampoco podrán obtener información, producir inteligencia o almacenar datos personales en base a su raza, religión, opinión política, pertenencia a organizaciones o realización de actividades lícitas. Antes de su modificación la ley habilitaba a los agentes a realizar funciones policiales o investigativas ante el requerimiento del juez en el marco de una causa judicial. El gobierno sostiene que esta situación terminó favoreciendo vínculos indebidos entre los organismos de inteligencia y algunos sectores del sistema de justicia, y comprometiendo la independencia judicial. La causa judicial en curso investiga la presunta producción de inteligencia ilegal contra unas 500 personas, entre las que se encuentran periodistas, políticos, empresarios y miembros de la sociedad civil.