El 13 de junio, un conjunto de organizaciones civiles, lideradas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas (CONAIE), convocó a un paro nacional para protestar sobre la situación de inseguridad interna y las medidas económicas del gobierno. Reclamaban el control de los precios de los productos agrícolas y de los combustibles, una moratoria para el pago de créditos bancarios y la suspensión de las concesiones a empresas mineras en los territorios protegidos. 

La detención del activista indígena y dirigente de la CONAIE, Leonidas Iza, produjo un escalamiento de la situación en los días siguientes lo que, eventualmente, desembocó en el establecimiento de una zona de seguridad en el área metropolitana de Quito y la declaración del estado de excepción por 30 días en las provincias Pichincha, Imbabura y Cotopaxi, luego extendida a Chimborazo, Tungurahua y Pastaza. Con la declaración comenzó a regir el toque de queda y la suspensión de los derechos de asociación y de reunión, aunque gracias a la reacción social se terminaron limitando sus alcances en el caso de las manifestaciones pacíficas. También se contempló – y descartó – la posibilidad de aplicar limitaciones al derecho a la información, es decir, la restricción y/o suspensión de los servicios de telecomunicaciones fijas, móviles y de internet. 

Las medidas, lejos de contribuir a contener la situación, fueron seguidas por una intensificación de las protestas, la muerte de manifestantes y frecuentes actos de vandalismo. La profundización de la crisis adelantó así la decisión política de poner un final a las medidas de excepción, lo que ocurrió el 25 de junio. En definitiva, una maniobra para sobrevivir ante la posibilidad de enfrentar una moción de vacancia en un congreso que le es adverso. 

En total, desde el comienzo de las protestas, se registraron 5 personas muertas, 5 desaparecidas, 280 heridas, y 158 detenidas, así como también 49 denuncias de violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad. Desde que asumió en mayo de 2021, Guillermo Lasso declaró el estado de excepción cuatro veces. No es el único caso en la región de exceso en el uso de medidas de excepción. Para conocer más, te invitamos a leer este análisis.