El 24 de abril, en una sesión especial convocada a pedido del Presidente Nayib Bukele, 67 de los 84 diputados de la Asamblea Legislativa – pertenecientes al bloque oficialista como al opositor- votaron a favor de prorrogar el estado de excepción, a fin de continuar con la política de combate a las pandillas locales y lograr restablecer el orden, la seguridad ciudadana y el control territorial. De esta forma se concedieron mayores facultades a las fuerzas de seguridad, como la Policía Nacional o las Fuerzas Armadas, y permanecen suspendidos los derechos constitucionales de libre reunión, de libre asociación y las garantías del debido proceso. 

Durante la misma sesión, los legisladores sancionaron también una reforma transitoria a la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), que dota al gobierno de una mayor discreción en los procesos de compra y contratación de servicios. La LACAP prevé una serie de plazos y trámites que permiten controlar la transparencia del proceso y evitar así la discrecionalidad en el uso de fondos públicos. Sin embargo, esta reforma transitoria omite esos procedimientos suspendiendo completamente las disposiciones de la LACAP mientras dure el régimen de excepción. En contrapartida, faculta al Ministerio de Hacienda a diseñar los instrumentos normativos para llevar adelante las contrataciones. De esta forma, la existencia de mecanismos de transparencia y rendición de cuentas para acceder a información sobre el uso de fondos públicos, adjudicaciones y nombres de los proveedores quedará limitada a las normativas que emita el Poder Ejecutivo.

Las voces de la sociedad civil en contra de las medidas del gobierno no tardaron en hacerse oír. Un grupo de ONGs locales e internacionales emitieron un comunicado señalando que las políticas de seguridad ciudadana deben respetar los derechos humanos y también deben contar con mecanismos de rendición de cuentas y participación ciudadana. Por su parte, la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) presentó una demanda de constitucionalidad a fin de suspender los efectos de las medidas que sancionaban la difusión de mensajes en medios de comunicación que pudieran hacer alusión a los grupos criminales, al considerar que estas vulneran el derecho al acceso a la información, a la libertad de expresión y al libre ejercicio del periodismo. Las críticas fueron contestadas por el Ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, que acusó a las ONGs de financiar la violencia en el país, y el presidente del Poder Legislativo, Ernesto Castro, que ante la demanda de la unión de la prensa afirmó “No los necesitamos, ¡váyanse!”, en referencia a los periodistas.

En este marco, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) urgió al gobierno a observar las garantías judiciales y el debido proceso legal en todas las circunstancias durante el régimen de excepción, y criticó a las reformas a la legislación penal y procesal que agrava las sanciones en contra de adolescentes mayores de 12 y 16 años.