El 1 de febrero, la Asamblea Legislativa controlada por el oficialismo sancionó cinco reformas al Código Procesal Penal, por medio de las cuales se crea la figura del “Agente Encubierto Digital”. Con esto, la Policía Nacional queda habilitada para realizar operaciones digitales encubiertas y recolectar información personal y pública de los dispositivos de las personas investigadas. 

La norma presenta ambigüedades con relación a la autorización judicial necesaria para realizar este tipo de operaciones en el marco de investigaciones sobre delitos contenidos en la Ley de Delitos Informáticos y/u “otras leyes penales especiales”. En principio, la intervención policial requiere la previa autorización por escrito de la Fiscalía General de la República. Esta última también podrá solicitar al juez que ordene como medida cautelar para cualquier persona física o jurídica la restricción, bloqueo de la cuenta, perfil o sitio de internet o el aseguramiento de la información contenida en ellas. Vale recordar que el nombramiento del actual Fiscal General Rodolfo Delgado en mayo de 2021 fue muy cuestionado interna y externamente.

Sectores opositores se refirieron a la medida -que aún no ha sido promulgada por el Poder Ejecutivo- como “la vía para legalizar el espionaje”, mientras que la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) denunció las reformas por sus posibles implicancias para la libertad de prensa. Aunque desde el oficialismo, el diputado Francisco Villatoro respondió que “es mentira que vaya a existir un espionaje o una persecución”, los cargos no son gratuitos. De hecho, fue apenas el mes pasado que se comprobó la utilización del software Pegasus en el ciberespionaje a periodistas y opositores políticos en 2021.

En representación de los/as afectados/as, el 8 de febrero la ONG Cristosal pidió a la Corte de Cuentas que investigara además el uso indebido de fondos públicos para la contratación del software. La organización señaló que podrían estar involucrados en esta transacción el presidente Nayib Bukele; el director del Organismo de Inteligencia del Estado, Peter Dumas, el ministro de Justicia, Gustavo Villatoro, y el ministro de la Defensa, René Merino Monroy.