El 23 de noviembre un conjunto de periodistas, políticos opositores y referentes de OSCs recibieron en sus teléfonos móviles una alerta de parte de la compañía Apple, advirtiendoles  que podrían ser víctimas de espionaje por parte de “atacantes patrocinados por el Estado” debido a su actividad e injerencia en la vida política y social del país. 

El objetivo del ataque habría sido conseguir  acceso a sus datos sensibles, comunicaciones, e incluso espiarlos a través de la cámara o el micrófono de sus dispositivos. Entre los afectados se destacan periodistas del medio digital El Faro, directivos de la Fundación Democracia, Transparencia y Justicia (DTJ) y referentes del partido Nuestro Tiempo, como el diputado Jhonny Wright Sol. 

Pocas horas antes de la alerta, Apple había informado sobre una demanda iniciada en contra de la empresa israelí NSO Group (responsable de la creación de Pegasus, un famoso software de espionaje) por “vigilancia y focalización sobre sus usuarios”, particularmente en contra de periodistas, activistas, disidentes, académicos y funcionarios gubernamentales. Según trascendió en la investigación de julio de 2021 de Forbidden Stories y Amnistía Internacional, el software permite un acceso prácticamente irrestricto a los datos de los dispositivos, incluidos micrófono y cámara. En base a esta evidencia la compañía tecnológica busca obtener por vía legal una orden judicial que prohíba permanente a NSO Group la utilización de Pegasus en cualquier software, servicio o dispositivo de Apple.

Luego de conocerse estos hechos, la administración de Joe Biden expresó su preocupación por la situación en El Salvador y emitió una declaración en que destacaba que Bukele “continúa con acciones que debilitan la libertad de expresión, el estado de derechos, la separación de poderes y las protecciones básicas para la sociedad civil y los medios de comunicación independientes”. Por su parte, el presidente de la Sociedad Interamericana de Periodistas (SIP), Jorge Canahuati, instó al gobierno a “investigar si alguna de sus agencias está patrocinando actividades ilegales de espionaje contra sus ciudadanos y críticos”.

En paralelo en la Asamblea Legislativa se está debatiendo un proyecto de reforma de la Ley Especial contra Delitos Informáticos y Conexos impulsado por el partido de Bukele (Nuevas Ideas), el cual prevé una elevación de las penas por espionaje de 5 a 8 años de prisión.