El 22 de noviembre, Andrés Manuel López Obrador declaró de interés público y de seguridad nacional los proyectos y obras a cargo del gobierno nacional, una medida que además le permitiría rechazar pedidos de acceso a la información bajo el principio de reserva. El acuerdo establece un plazo máximo de 5 días para la aprobación de las obras, lo que compromete la posibilidad de realizar estudios de impacto ambiental, responsabilidad y viabilidad.

Poco después de la publicación del acuerdo, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) emitió un comunicado en el que alerta sobre sus  implicancias. En particular, el organismo apunta que los sujetos obligados por la Ley de Acceso a la Información Pública podrían poner bajo reserva la información sobre los proyectos y obras de infraestructura amparándose en el artículo 113 de la norma. El organismo garante de la transparencia también anticipó que llevará el caso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que esta se exprese sobre la constitucionalidad de la resolución. 

La diputada opositora Margarita Zavala (PAN) se manifestó en contra de la medida, alegando que el acuerdo se trata de un “asalto a la Constitución” que restringe el acceso a la información pública y cercena la función preventiva de los estudios de impacto necesarios para la aprobación de los proyectos. También las organizaciones de la sociedad civil hicieron escuchar su crítica, entre ellas Human Rights Watch (HRW) que catalogó a la medida como “una orden del Presidente para que todos sus proyectos favoritos reciban el permiso”.