El 18 de noviembre, la Comisión Séptima aprobó un proyecto de ley que establece normas para la protección de los Derechos Humanos de líderes sociales que forman parte de Organismos de Acción Comunal. Las Juntas de Acción Comunal son organizaciones civiles con amplia cobertura geográfica que incentivan la participación ciudadana en el manejo de sus comunidades por medio del diálogo con los gobiernos nacionales, departamentales y municipales.

En los últimos años se ha registrado un aumento en los casos de amenazas y atentados contra líderes comunales, problema que se solapa con los bajos niveles de capacitación, formación y de incentivo de políticas de género de las JAC. Además, estas se encuentran regularmente afectadas por la manipulación, la violencia, la pobreza, la corrupción, la falta de políticas de desarrollo inclusivo y diferentes tipos de ataques por parte de actores políticos. 

Frente a este estado de situación, la iniciativa impulsada por el representante oficialista Buenaventura León León (Partido Conservador Colombiano) persigue el fortalecimiento de las juntas de acción comunal para que alcancen un papel más activo, incluyente y decisivo en el devenir de sus comunidades. Debe ser aprobado por el pleno de la Cámara de Repesentantes, antes de pasar al Senado.