El 1° de noviembre se publicó un Decreto Legislativo, aprobado por el Congreso Nacional el 7 de octubre, que reforma la Ley Especial contra el Lavado de Activos y el Código Penal. Entre los cambios más polémicos se encuentra la reforma del artículo 2 de la Ley Especial, que pasó a incluir dentro de la definición de persona políticamente expuesta (PEP) a las OSCs que “administren fondos de cooperación externa” y que además se dediquen a la “investigación, evaluación o análisis de la gestión pública”. 

La sociedad civil no tardó en manifestarse en contra de la reforma. En particular, la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ) emitió un comunicado en el cual calificó de autoritaria a la decisión y señaló que “atenta contra los principios constitucionales de asociación civil, libertad de expresión y participación ciudadana”. También advirtió que si estas acciones se concretan sin reacciones concertadas con otros sectores, las acciones ciudadanas contra la corrupción serían más fáciles de callar.

La reforma, que ya se encuentra vigente, será judicializada por la ASJ por medio de un recurso de inconstitucionalidad. Para ello, invitaron a otros actores y organizaciones de la sociedad civil  a adherir a la demanda y a consolidar liderazgos comprometidos con la lucha contra la corrupción.