El 24 de octubre el gobierno encabezado por el presidente Alejandro Giammattei declaró el toque de queda en el municipio de El Estor, al noreste del país. La medida tuvo lugar tras enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y manifestantes locales que protestaban en contra de la operación de una minera. El Congreso ya ratificó la medida, que estará vigente por 30 días.

El conflicto entre la minera Guatemala Níquel Co. y las comunidades de la zona se remonta al año 2014 cuando comenzaron las protestas por los impactos ambientales de su actividad extractiva, pero escaló recientemente con enfrentamientos directos entre los ciudadanos y las fuerzas de seguridad. Pese a que un tribunal dictaminó el cese de sus operaciones el 19 de junio del 2020, la compañía desoyó el fallo, alegando que no afecta la continuación de sus operaciones. 

La respuesta gubernamental fue un toque de queda que – amparado en la protección del orden, la gobernabilidad y la seguridad de los y las habitantes – implica la limitación de los derechos constitucionales de libertad de acción, detención legal y libertad de reunión y manifestación. El Ministerio de Gobierno ya desplegó más de 500 agentes en el área y confirmó que hará uso de todos los recursos legales para imponer orden. “Si la legislación nos da la facultad de ejercer una acción, lo vamos a realizar. Si ellos consideran o no, eso ya no es problemática mía… pues, que soliciten un cambio a la legislación guatemalteca”, reafirmó el ministro Gendri Reyes.

El decreto fue posteriormente ratificado por el Congreso por 85 votos, en una cuestionada maniobra. En esta instancia se añadió un artículo que insta al Poder Ejecutivo a conformar una mesa de diálogo nacional con representación de la sociedad civil que integren organizaciones legalmente constituidas, y de la compañía minera.

Varias asociaciones y activistas ya han denunciado la represión. El Foro de Organizaciones Sociales y Especializadas en Seguridad (Foss) sostuvo que este tipo de medidas no son efectivas y que más bien revelan el debilitamiento del Estado Constitucional de Derecho. La organización Centro Civitas también ha denunciado que la policía allanó la casa de un periodista que documentaba el impacto de la industria extractiva, confiscando su teléfono celular y su micrófono.