Bajada news: El 19 de agosto, la Asamblea Nacional (AN) aprobó en primera discusión una reforma de la Ley del Estatuto de la Función Policial presentada por el Poder Ejecutivo. El proyecto contempla ajustes en la Inspectoría de Control de Actuación Policial y en la conformación de los Consejos Disciplinarios Policiales. En abril, el Poder Ejecutivo había ordenado por decreto la reestructuración del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (PNB).

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El 19 de agosto, la Asamblea Nacional (AN) aprobó en primera discusión una reforma de la Ley del Estatuto de la Función Policial de 2015 presentada por el Poder Ejecutivo. El proyecto contempla ajustes en la Inspectoría de Control de Actuación Policial y en la conformación de los Consejos Disciplinarios Policiales, de acuerdo a la presentación realizada por la diputada Marifred Rodríguez. 

Luego de la aprobación en primer debate, el proyecto de ley fue remitido a la Comisión Permanente de Política Interior de la Asamblea Nacional, con el fin de que sea sometido a la consulta pública a nivel nacional, incluyendo a los distintos organismos policiales.

Cabe recordar que a mediados de abril el Poder Ejecutivo había ordenado por decreto la reestructuración del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (PNB). El proceso debe desarrollarse en un plazo de seis meses de duración y está a cargo de una Comisión de Reestructuración, presidida por el/la titular del Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz y coordinada por el Viceministro del Sistema Integrado de Policía, José Rojas Eugenio. 

El plan de reestructuración debe incluir la definición de la estructura organizativa, administrativa y funcional de la PNB, reformas o cambios para lograr una mayor eficiencia, el cronograma de ejecución y su incidencia en los recursos humanos. El decreto no prevé, sin embargo, instancias de participación ciudadana o de rendición de cuentas por las graves acusaciones de violación de DD.HH. que pesan sobre el cuerpo.

La discusión resuena en el marco de la publicación del último documento de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional el pasado 8 de agosto, en el que se hace referencia a evidencias de inacción por parte de las autoridades a la hora de investigar y sancionar a los responsables de crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela contra ciudadanos/as y disidentes políticos. De allí que la presentación de este proyecto haya sido leído como un intento por parte del gobierno de Nicolás Maduro para reposicionarse frente a la comunidad internacional.