Durante los primeros días de agosto, se hizo público el borrador del proyecto de reforma constitucional impulsado por el oficialismo que, entre otros puntos, busca otorgar rango constitucional al Instituto de Acceso a la Información Pública y al Tribunal de Ética Gubernamental. La propuesta también contempla la creación de una Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y el reemplazo de la Sala de lo Constitucional – cuyos miembros fueron destituidos por la Asamblea en mayo – por un Tribunal de lo Constitucional. Organizaciones de la sociedad civil se negaron a analizar las propuestas por considerar que el proceso de consulta pública emprendido por el Equipo Ad Hoc que estuvo a cargo de su redacción es poco transparente.

Lo cierto es que las proposiciones contrastan tajantemente con un panorama de creciente restricción del derecho de acceso a la información pública que se viene registrando desde el año 2020. En las últimas semanas, se hizo una vez más evidente en la ampliación de la lista de información legislativa reservada y en las consiguientes acusaciones por incumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública que pesan sobre la Asamblea. 

En efecto, la Asamblea Legislativa controlada por el oficialismo es acusada por distintas organizaciones de la sociedad civil de no cumplir, desde su instalación el pasado 1° de mayo, con su obligación legal de actualizar información oficiosa, como los estados financieros y el directorio de funcionarios públicos. A esto se suma el hecho de que el Poder Legislativo actualizó a finales de agosto el índice de información reservada por 7 años para incluir el presupuesto de los grupos parlamentarios, el itinerario de viajes y las planillas de pago de salarios, entre otros.

En respuesta a las denuncias, el órgano legislativo emitió el 28 de agosto un comunicado en el que plantea que la actualización del índice se realizó en conformidad con la LAIP y que “en las legislaturas pasadas no existió un índice de información”. También se argumenta que el principio de reserva alcanza a los datos personales y que la información sobre viajes y selección de funcionarios de segundo grado se hará pública 30 días después de su realización.